Actualizado 13/04/2021 21:07 CET

El PSOE denuncia a López Miras y a los exdiputados de Ciudadanos por delito de cohecho tras la moción de censura

(I-D) El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, durante la ceremonia de toma de posesión de los cargos, a 3 de abril de 2021, en el Palacio de San Esteban, en Murcia (España). Est
(I-D) El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, durante la ceremonia de toma de posesión de los cargos, a 3 de abril de 2021, en el Palacio de San Esteban, en Murcia (España). Est - DIMA - Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha presentado este martes una denuncia en Murcia por un delito de cohecho contra el presidente regional, Fernando López Miras, y contra los exdiputados de Ciudadanos Isabel Franco, Antonio Sánchez, María del Valle Miguélez y Francisco Álvarez que hicieron fracasar la moción de censura impulsada por Ciudadanos junto a los socialistas, y que fueron nombrados después consejeros.

Así lo ha anunciado el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante un debate con el Partido Popular en la sesión de control al Gobierno en el Senado. En concreto, Ábalos ha acusado al PP de haber "comprado" tránsfugas en Murcia y ha anunciado esta denuncia por cohecho.

EL TRANSFUGISMO EN MURCIA "TRANSCIENDE EL PLANO POLÍTICO"

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE defiende que más allá del "reproche social" por el "acto de transfuguismo", en el caso de Murcia "se añaden otros elementos que transcienden el plano político, dando lugar a que las conductas puedan ser consideradas como hechos con relevancia penal".

En concreto, el PSOE avisa de que "hay un elemento que trasciende" lo político, y que hace que las conductas del presidente murciano y los exdiputados de Cs sean "punibles", y es que los exdiputados recibieron "como contraprestación" a su voto contrario en la moción "una recompensa a su conducta", después de haber firmado que apoyarían la moción.

Una contraprestación que, según el PSOE, "no cabe duda que se materializó en los nombramientos como consejeros que no ostentaban sino hasta que comprometieron su voto". Ese fue "el sentido del acuerdo", defienden.

"EL VOTO ESTÁ SUPEDITADO A UN PAGO"

En este sentido, aseguran que en este caso, "el voto está supeditado a un pago, retribución, recompensa o dádiva", lo que implica que sí se trata de "un hecho típico que perfecciona la conducta perseguible por el artículo 421 del Código Penal". Y a continuación, recogen los sueldos que ahora están percibiendo los nuevos miembros del Gobierno murciano, como prueba de esa contraprestación.

En su denuncia, los socialistas ahondan en que la decisión de los exdiputados de Ciudadanos de romper a disciplina de voto "no obedece a una decisión política", sino que "tuvo su razón de ser a consecuencia de la existencia de contraprestaciones a cambio de ello".

El PSOE sostiene sus argumentos aportando, entre otras cosas, las acusaciones que vertió en Twitter la que aspiraba a convertirse en presidenta de Murcia con la moción, la líder de Ciudadanos en esta región, Aina Martínez Vidal, denunciando que el PP estaba intentado comprar a los diputados 'naranjas'.

Según el PSOE, la decisión de López Miras de nombrar a esos diputados de Ciudadanos díscolos nuevos miembros de su Gobierno, "como una contraprestación a cambio de un voto, trasciende la esfera discrecional del Presidente y se convierte en un hecho típico, antijurídico y culpable porque ya no se enmarca ni en su libertad ni en la negociación política".

"Pasa a ser un instrumento de compra de voluntades que podría ser constitutivo de un delito de cohecho en concurso con un delito de prevaricación administrativa", afirman en la denuncia.

En este sentido, insisten en que la conducta del presidente murciano y los exdiputados de Ciudadanos "lesiona el bien jurídico protegido en el delito de cohecho, el propio prestigio y reputación de la Administración Pública, la imparcialidad en su funcionamiento y la eficacia de este servicio público".

Por todo ello, defienden que esa conducta "encaja perfectamente con los elementos del tipo del cohecho pasivo propio del artículo 421 del Código Penal, y también en el "cohecho pasivo impropio" recogido en el artículo 420.

"La clave en la conducta descrita es la conexión o nexo causal existente entre la aceptación del cargo, mantenimiento o el ofrecimiento del cargo, y su real consecución, y todo ello a cambio de su voto", remarcan.

También denuncian prevaricación administrativa recogida en el artículo 404 del Código Penal "ya que la libertad del presidente en el nombramiento de sus consejeros sea gota cuando el motivo no solo es fruto de una promesa o contraprestación injusta, sino que los propios nombramientos son antijurídicos y arbitrarios al obedecer a fines espurios".

EL PSOE HABÍA CRITICADO LA DENUNCIA DE PODEMOS POR LO MISMO

El PSOE toma esta decisión en Murcia después de la denuncia que ya presentó hace unas semanas su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, que elevó esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea y el exsenador de Cs Fernando Hervías, además de López Miras y los tres exdiputados de la formación de Inés Arrimadas.

Los socialistas tacharon desde el primero momento de "transfuguismo" el movimiento del PP y de los exdiputados de Ciudadanos en Murcia, si bien nunca habían hablado de presentar accciones judiciales.

De hecho, tras el anuncio por parte de Unidas Podemos de presentar esta denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, algunos miembros del Ejecutivo del ala socialista se desmarcaron de esta decisión de su socio de Gobierno.

Fue el caso por ejemplo de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que desvinculó al Gobierno de la decisión del por aquel entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. "Esa decisión la ha tomado Iglesias como líder de un partido, no como vicepresidente segundo", aseguraba por aquel entonces Calvo.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó esta decisión de Unidas Podemos asegurando que "la vida política no se debe judicializar".