MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, ha explicado que el Gobierno quiere reformar la regulación de las acusaciones populares para buscar "un equilibrio que impida el exceso o el uso ilegítimo" de este mecanismo, y ha desvinculado los planes del Ejecutivo de casos concretos en los que la acción popular ha logrado abrir procesos judiciales en contra del criterio del fiscal.
En rueda de prensa en el Congreso, Alonso ha argumentado que España es el único país grande de la UE que mantiene esta figura y considera necesario "analizar fríamente, al margen de uno u otro asunto, si esas acusaciones representan intereses generales o intereses particulares".
Alonso ha ironizado con que, en ocasiones, las acusaciones populares tienen más bien poco de "popular", aunque ha reconocido que la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de Justicia.
Por eso, ha asegurado que el Gobierno tiene un "esquema bastante bien trazado" para equilibrar ese derecho con las premisas claves del proceso penal, que es un proceso donde la clave es el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado en defensa del interés general y en el que, por lo tanto, en toda Europa el "rol específico de la acusación la tiene el Ministerio Fiscal", un "órgano profesional y que tiene autonomía".