Los últimos cambios supondrán la supresión de la exención del IBI a los partidos y el aumento de financiación privada a las fundaciones
MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE se ha garantizado el respaldo de todos los grupos minoritarios de la oposición para sacar adelante mañana en el Congreso, con la única oposición del PP, la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 1987, que llevaba años 'aparcada' en el Parlamento.
Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, las últimas negociaciones permitirán introducir mañana, en el debate del texto en la Comisión Constitucional del Congreso, una serie de modificaciones como la supresión de la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los partidos, el aumento de la financiación privada para las fundaciones y la regulación del procedimiento sancionador dando más garantías a las formaciones políticas frente al Tribunal de Cuentas.
En concreto, los socialistas parecen dispuestos a aceptar una enmienda de IU-ICV y del PP para eliminar del texto definitivo de la nueva ley la idea de eximir del IBI a los edificios que son propiedad de formaciones políticas. La supresión de este artículo había sido solicitada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dado que este impuesto es una de las principales fuentes de financiación de los entes locales
150.000 EUROS, NUEVO TOPE PRIVADO PARA LAS FUNDACIONES.
Además, el PSOE ha accedido a la petición de CiU para incrementar la cuantía máxima que una misma persona física o jurídica puede donar anualmente a una fundación vinculada a un partido político.
Ese tope había quedado en 120.000 euros en el último texto socialista, permitiendo que las fundaciones de los partidos pudieran obtener más recursos incluso que los propios partidos, donde el máximo está fijado en 90.000 euros anuales. No obstante, los nacionalistas pidieron subirlo un 30 por ciento hasta los 150.000 anuales.
TRIBUNAL PROPONE PERO NO SANCIONA.
Igualmente, los socialistas han acordado con el PNV suavizar la capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas que se contempla en la reforma original. Los nacionalistas vascos pedían que la institución se limitase a "proponer" las multas en su informe de fiscalización, el cual pasa siempre por la Comisión Mixta (Congreso-Senado), y ofrecieron un nuevo artículo regulando los pasos de procedimiento sancionador para dar garantías al partido expedientado.
Con estos cambios, que se plasmarán mañana en la Comisión Constitucional con la aceptación de las propuestas de las minorías o acuerdos de enmiendas transaccionales, sólo quedará fuera del acuerdo el PP, que ya se levantó de la ponencia parlamentaria elevando el listón de sus reclamaciones.
De hecho, las últimas enmiendas presentadas por el Grupo Popular hacían muy difícil el consenso con los demás grupos. Sus propuestas eran rebajar la financiación pública a los partidos, prohibir las operaciones de condonación de deuda, hacer públicos los bancos y condiciones de préstamo de los créditos concedidos a las formaciones políticas y prohibir que constructores y promotores inmobiliarios pudieran hacer donativos a los partidos, que no a las fundaciones, entre otras cuestiones.
Además, el PP ha mantenido su exigencia de que la nueva ley permita conceder subvenciones públicas a toda formación política sospechosa de estar relacionada con partidos ilegalizados, mientras que el PSOE sólo lo acepta cuando hay abierto un proceso de ilegalización y hay un procedimiento judicial.
