BRUSELAS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los abogados del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas estudian ahora en detalle la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de retirar las órdenes europeas de detención y entrega antes de decidir el impacto que ello tendrá en sus planes de continuar en territorio belga hasta que se celebren las elecciones del 21 de diciembre.
"Es un tema muy serio como para improvisar", han indicado a Europa Press fuentes de la defensa de los políticos catalanes, poco después de que se publicara el auto de Llarena.
Con todo, las fuentes han descartado un regreso inmediato en el sentido de que la noticia no cambia la intención inicial de los cinco políticos de continuar en Bruselas durante la campaña electoral, si bien todo dependerá del análisis en profundidad de lo sucedido.
Por su parte, la Fiscalía de Bruselas ha indicado a Europa Press que no podía confirmar aún el cambio de rumbo dictado por el Tribunal Supremo y que hay un "análisis en curso" de la situación.
El juez del Tribunal Supremo ha acordado retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bélgica, pero no la nacional, de modo que los cinco dejan de estar en búsqueda y captura en Europa, pero si regresan a España serán detenidos.
La intención del magistrado instructor es evitar que la Justicia belga pueda poner condiciones a la hora de entregar a los exmiembros del Govern huidos, a quienes la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela imputó cinco delitos cuando dictó las citadas órdenes de detención el pasado 3 de noviembre: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Llarena matiza en su auto que los hechos por los que se imputa a los investigados en esta causa, ya estén en Bélgica o en España, se habrían perpetrado mediante el concierto de todos "y con una unidad jurídica inseparable".
Esto quiere decir que la depuración de las responsabilidades penales por la deriva independentista se tiene que llevar a cabo de manera "unificada" porque de otro modo el proceso podría conducir a respuestas "contradictorias y divergentes" entre los acusados.
