Los querellantes piden a la Audiencia de Madrid que reabra las actuaciones contra Aznar por el borrado de archivos

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencia en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) y la abogada Encarnación Martínez recurrieron hoy ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez de Instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestana Pérez, de archivar las querellas presentadas contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por el borrado de archivos informáticos del Palacio de La Moncloa, después de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo de 2004, al entender que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

El recurso de la acusación que ejerce APEDANICA, al que ha tenido acceso Europa Press, pide la admisión a trámite de la querella presentada y recuerda que la legislación vigente sobre custodia de documentos que le está encomendada al Gobierno por razón de su cargo "no parece diferenciar entre soportes, papel, óptico o electrónico, y su interpretación, necesariamente, debe considerar la existencia de numerosos archivos y registros informáticos de gran relevancia, cuya destrucción debe suponer una alta responsabilidad, que nadie parece querer asumir, en ningún gobierno, hasta ahora".

"Pero la Presidencia del Gobierno no solamente es responsable de los ficheros de titularidad pública declarados a la Agencia de Protección de Datos. En el momento del borrado, la correspondencia electrónica ya tiene un carácter institucional", insiste la acusación, que explica que los mensajes deben ser guardados en archivos llamados LOG. "A esta parte le parece muy grave que no se garanticen, al menos, todos los datos de los ficheros declarados de titularidad pública, y también los LOGs, que no deben confundirse con el contenido de los mensajes, sino que son un registro secuencial, que evidencia que existió una cierta comunicación", agrega.

Tras hacer hincapié en que no ha tenido acceso, salvo por la prensa, de un informe realizado al respecto por la Abogacía del Estado, el recurso argumenta que "la impunidad absoluta en el borrado de datos y copias de seguridad de sistemas informáticos puede tener gravísimas consecuencias en ayuntamientos y comunidades autónomas en los que futuros procesos electorales cambien de signo el gobierno", así como en el trabajo de los historiadores y, sobre todo, en la investigación relativa a los atentados del 11-M. Por ello, estos hechos deben ser esclarecidos.

ABRIR DILIGENCIAS.

El juez Pestana abrió diligencias previas en junio de 2004 para determinar si existió delito con el borrado de los archivos de La Moncloa, a raíz de una denuncia interpuesta por el abogado José Luis Mazón. La denuncia de Mazón, compañero de despacho de la letrada Encarnación Martínez, también pedía investigar al Ministerio del Interior del último gobierno del PP, por el "volcado" de documentos relacionados con los atentados del 11-M.

Entre los argumentos utilizados por el juez Pestana para el archivo figuraba que "en las dos querellas se expresa un razonamiento en exceso simple según el cual la eliminación de archivos de los ordenadores del Gobierno implica automáticamente la existencia de indicios de existencia de delito de infidelidad de custodia de documentos".

El magistrado aseguraba que "este razonamiento no puede compartirse en términos jurídicos" y, en este sentido, recuerda un auto del Tribunal Supremo que establece que "para admitir una querella criminal es preciso que exista una razón mínimamente seria para da crédito a la misma".

El auto del juez precisaba que en cualquier caso sólo sería delito la eliminación "de aquellos documentos que legalmente deben ser conservados para que produzcan efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas". Agregaba que esta condición "determina el carácter de los documentos que se eliminaron de los ordenadores, y por tanto, su idoneidad para ser objeto material del delito imputado" en las querellas.

El magistrado precisaba que todo el material producido por el Gabinete de Aznar, cuyo mandato comenzó en 1996 y concluyó en 2004, no pertenece a la condición de documento, cuyo borrado es delictivo, ya que en él se incluían informes políticos y técnicos de todo tipo, agendas, diseños de discursos o intervenciones públicas como parte del "material lógico archivado en los ordenadores de la Moncloa".