El Relator de la ONU alerta del "riesgo" de ilegalizar candidaturas utilizando expresiones "vagas" de la Ley de Partidos

Actualizado 06/02/2009 20:54:02 CET

Ve "problemático" que la Audiencia tenga competencia exclusiva en terrorismo y recomienda trasladarlo a los tribunales ordinarios

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un informe redactado por el Relator Especial de la ONU para la promoción de los derechos humanos recomienda que la ilegalización de toda organización política se realice desde el respeto "irreprochable" a la ley. Así, en un análisis del caso español, apunta que la Ley de Partidos contiene expresiones "vagas" que pueden motivar la ilegalización de formaciones que no apoyen la violencia pese a compartir la "orientación política" de una organización terrorista.

El informe, recogidos por Europa Press, recoge las impresiones obtenidas por el Relator de la ONU durante un viaje realizado a España en mayo de 2008 y en el que tuvo oportunidad de visitar Madrid y el País Vasco, donde se reunió con numerosos dirigentes políticos y sociales como los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, Miguel Ángel Moratinos y Mariano Fernández Bermejo, el 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, o el entonces presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando. Además, visitó la cárcel de Soto del Real (Madrid) para entrevistarse con presos terroristas.

Entre las conclusiones obtenidas, aborda la ilegalización de partidos políticos y muestra su "preocupación" por la redacción de la Ley de Partidos. A su juicio, determinados artículos podrían incluir a "todo partido que por medios pacíficos trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas".

En este sentido, recomienda que la ilegalización de una organización se realice "en el marco de un respeto irreprochable de las condiciones requeridas para restringir la libertad de asociación y de expresión". "La ilegalización de una organización, junto con la aplicación en materia de terrorismo de normas formuladas de forma vaga y general, no hacen en última instancia sino socavar el firme mensaje moral que transmiten las decisiones rigurosas basadas en la naturaleza inexcusable de todos los actos de terrorismo", argumenta.

De esta forma, el Relator continúa su análisis sobre la ilegalización de partidos próximos a ETA y recuerda que el pluralismo político desempeña "un papel fundamental" en una sociedad "verdaderamente democrática", por lo que reitera la necesidad de que las actuaciones en este sentido sean de carácter "estrictamente excepcional".

Por ello, recomienda a España adaptar las expresiones "vagas" que a su juicio alberga la Ley de Partidos para evitar el riesgo de ilegalizar formaciones que, aunque compartan la "orientación política" de una organización terrorista, no apoyen el empleo de medios violentos.

Además, subraya que la ilegalización formaciones políticas debe realizarse a través de las garantías procesales "más rigurosas" especialmente cuando se trata de agrupaciones que se han creado especialmente para presentarse a las elecciones, "y de cuyas actuaciones anteriores no se tiene prueba alguna". Este es el caso de D3M, que se creó para las próximas elecciones autonómicas del País Vasco.

ERRADICACIÓN DE LA DETENCIÓN INCOMUNICADA

El Relator también realiza un estudio de la situación de los detenidos por terrorismo y cuestiona la detención en régimen de incomunicación, que a su juicio puede facilitar que se cometan actos de tortura y malos tratos y "debilita la legitimidad de las medidas antiterroristas".

De esta forma, aconseja "la completa erradicación" de la detención incomunicada y reitera que aumenta el riesgo de que se inflija un trato prohibido a los detenidos. Así, para evitar los casos de malos tratos, reclama que se apliquen medidas de videovigilancia de las instalaciones de detención y el examen de los detenidos por médicos de su elección.

"CASO OMISO" DE LAS AUTORIDADES A LAS DENUNCIAS DE TORTURA

Sobre este asunto, el Relator reconoce que le preocupan "hondamente" las denuncias de torturas y malos tratos presentadas por los detenidos por terrorismo y el "caso omiso" que, a su juicio, las autoridades españolas hacen de esas denuncias. "Recomienda firmemente a las autoridades españolas que, siempre que haya motivos para creer que se han infligido malos tratos, se proceda a una investigación pronta, independiente, imparcial y completa".

Asimismo, considera "problemático" que un único tribunal como la Audiencia Nacional tenga competencia exclusiva en esta materia. Así, analiza los posibles recursos que pueden presentar los condenados y considera que no hay lugar para el examen de todos los aspectos de la sentencia y la pena impuesta.

Por ello, pide al Gobierno que considere la posibilidad de trasladar la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, "en lugar de reservarla a un solo tribunal central especializado", la Audiencia Nacional.

DISPERSIÓN DE PRESOS

Además, respecto a la política penitenciaria española, analiza la política de dispersión de presos etarras y apunta que esta medida constituye "un riesgo y una carga económica" para los familiares, así como "un obstáculo práctico para la preparación de la defensa en los casos en los que los internos provisionales están a gran distancia de sus abogados".

De esta forma, considera que la política penitencia española respecto a los sospechosos y condenador por terrorismo, en la incluye la doctrina Parot, puede dar lugar a situaciones "incompatibles" con los objetivos de rehabilitación y reinserción social "que ha de perseguir el sistema penitenciario".

El Relator de la ONU incluye en su informe un análisis de la situación de las víctimas del terrorismo y aprueba las medidas del Gobierno para atender tanto su situación económica como otorgarles el apoyo moral necesario.