MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Organización del PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, ha manifestado en su turno de última palabra ante el juez que investiga si hubo o no prevaricación en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de esta localidad y Patrimonio Siglo XXI en el año 2001, que su voto fue "honesto, en conciencia" y estando "convencida" de que "era legal" y que estaba cumpliendo con sus obligaciones".
Tras casi 5 horas de sesión, Rollán ha tomado brevemente la palabra para poner de manifiesto que, cuando votó a favor del convenio que es objeto de acusación, "estaba convencida de la absoluta legalidad" del mismo ya que contaba con el "informe de la abogada de Urbanismo, que planteaba su legalidad". "En ningún momento tuve conocimiento del informe (negativo) del secretario", ha dicho.
"No estaba (este último informe) en el expediente en su momento, no se nos remitió por escrito, y lo que me parece más grave es que en un Pleno en el que se iba a someter a votación (el convenio sobre el que hablaba el informe) y que con el tiempo se ha visto a qué situación nos podía llevar, el secretario no tomara la palabra y nos avisara a todos para que pudiésemos reflexionar. Esta actitud nos ha dejado a todos los concejales en una situación de absoluta indefensión", ha insistido.
Asimismo, Rollán ha puesto el acento en que, en su momento, al sacar adelante este convenio, perseguía defender los intereses económicos del Ayuntamiento y el "bienestar de los vecinos" y que su labor fue en cumplimiento de sus obligaciones "como alcaldesa y como cargo público".
"La pena pública a la que se nos ha sometido a todos quedará para siempre, pero estoy convencida de que los que estamos aquí sentados no merecemos otra pena porque somos inocentes", ha concluido.
JUZGADO POR "EL FALLO DE UN SOLO DÍA"
También ha tomado la palabra en el último turno de intervención el ex edil de Urbanismo, Francisco Martín Rojas, que ha reiterado su "absoluto desconocimiento del informe (del secretario) y absoluta convicción" de que, en aquellos momentos, los ediles hicieron lo que entendían que "era el mejor de los intereses".
"Tengo la impresión de que se me está juzgando a mí y mis compañeros por el fallo de un sólo día cuando alguien ha tenido dos meses para poder evitarlo", ha añadido el ex edil, que ha terminado señalando que "en el resto de parcelas de esta unidad de ejecución de mancha amarilla, las que quedaron sin edificar propiedad del Ayuntamiento, hoy, el Grupo Municipal del PP, que es quien gobierna, está realizando viviendas de protección pública".
El tercero en tomar la palabra ha sido el abogado y acusado Julián López Jiménez, en esta ocasión sólo en la segunda de sus condiciones. "Como persona, no voy a ejercer ningún cargo público, y en cuanto al honor, los que me conocen, saben que está a salvo de bombas", ha sentenciado.
El cuarto y último en tomar la palabra, Valentín Gómez, ha lamentado que el secretario no le advirtiera sobre la posible ilegalidad del convenio cuando le solía tener informado. "Me parece inadmisible (que no lo hiciera) en algo tan decisivo como este informe que contradecía lo que podía haber contado el concejal de Urbanismo", ha concluido.
Al finalizar la sesión, el abogado de Rollán ha solicitado a la Sala que la sentencia sea conocida primero por las partes antes que por los medios de comunicación
