Azkarraga exige a Sánchez que "cumpla su propia legislación penitenciaria" y subraya que no se pide "ningún tipo de privilegio"
BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos ELA, LAB, UGT, ESK, Steilas, CGT, CNT, EHNE, HIRU y Etxalde han anunciado que, tras el verano, retomarán sus movilizaciones conjuntas para reclamar un cambio en la política penitenciaria ya que, pese a que se han dado "pasos" en acercamientos y progresión de grados de presos de ETA, se está "muy lejos" de alcanzar sus reivindicaciones.
En esta línea, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cumpla sus compromisos públicos adquiridos y su propia legislación penitenciaria". "No pedimos ningún tipo de privilegio", ha señalado.
ELA, LAB, UGT, ESK, Steilas, CGT, CNT, EHNE, HIRU y Etxalde han realizado este viernes su habitual concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Bilbao para reivindicar cambios en la política penitenciaria, que convocan cada tercer viernes de mes dentro de la iniciativa 'Izan Bidea'. También ha participado en la protesta el portavoz de Sare y exconsejero vasco Joseba Azkarraga.
Durante la concentración, la última de este tercer curso de esta "dinámica sindical", los sindicatos han efectuado una valoración "muy buena" y han destacado "la confluencia de la mayoría de las siglas sindicales", así como "el compromiso y la constancia de la dinámica que, por encima de nuestras diferencias, nos une en esta reivindicación".
ELA, LAB, UGT, ESK, Steilas, CGT, CNT, EHNE, HIRU y Etxalde han afirmado tener "claro que la dinámica debe continuar" puesto que, a pesar de que se han dado "pasos" en acercamientos y progresión de grados, aún se está "lejos de conseguir las reivindicaciones" que defienden.
Entre ellas, piden el acceso a los beneficios penitenciarios contemplados en la legislación ordinaria, que "todos los presos estén en Euskal Herria", la excarcelación de los reclusos que padecen enfermedades graves o incurables, la reincorporación al mundo laboral de los presos excarceleados y la revisión de la legislación para "el alargamiento excepcional" de las condenas.
Los sindicatos han denunciado que, en la actualidad, 64 de los 184 presos "siguen alejados fuera de Euskal Herria". Según han advertido, transcurridos cuatro años desde que el Gobierno español anunció "un cambio en la política penitenciaria", en 2020 y 2021 se dieron acercamientos semanales pero desde agosto de 2021 se han convertido en mensuales y se prolongan "cada vez más en el tiempo".
"Necesitamos reconstruirnos como sociedad en convivencia", han defendido ELA, LAB, UGT, ESK, Steilas, CGT, CNT, EHNE, HIRU y Etxalde, que han anunciado que, tras la pausa de julio y agosto, retomarán estas concentraciones mensuales.
TRASLADAR A LA POLÍTICA
Por su parte, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha resaltado la importancia de "la unanimidad sindical en la defensa de los derechos de los presos", que lleva "ya mucho tiempo manifestándose", y ha deseado que "ojalá se pueda trasladar más pronto que tarde al ámbito de lo político porque eso nos dará pie a pensar que hay futuro, que hay esperanza en buscar un espacio de convivencia en nuestro país".
Azkarraga ha denunciado la situación de "impasse" en relación a la política de alejamiento, las progresiones de grado y los permisos penitenciarios. Según ha apuntado, cuatro años después de que el presidente del Gobierno manifestara "su compromiso de modificar la política penitenciaria de excepción y trasladarla a una política penitenciaria ordinaria", el 35% de los presos se encuentra en centros penitenciarios fuera de Euskadi y Navarra.
Además, ha asegurado que hay 17 presos de ETA en tercer grado penitenciario "cuando podrían ser 80", cifra a la que ascienden los que han cumplido las tres cuartas partes de la condena y que, por tanto, "estarían en situación de progresar al tercer grado y, por tanto, a la libertad condicional".
Según ha indicado, "estamos muy lejos de lo que podría haberse hecho y no se está haciendo". También ha lamentado el "bloqueo" en los permisos penitenciarios ya que "el 95% podría tener opción y no se están concediendo".
Ante esta situación, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ponga fin a esta situación, cumpla sus compromisos públicos adquiridos y, lo que es más importante, su propia legislación penitenciaria, los reglamentos penitenciarios, la normativa penitenciaria". "No pedimos ningún tipo de privilegio", ha remarcado.
El portavoz de la red Sare ha acusado, asimismo, a la Fiscalía de mantener "un bloqueo constante". Según ha lamentado, "los tímidos pasos que se dan desde el ámbito de las juntas de tratamiento, de los centros penitenciarios o desde los gobiernos son paralizados de manera permanente por la Fiscalía", que se está convirtiendo "en una herramienta al servicio de los sectores ultraconservadores del Estado".
"En definitiva es hoy en una herramienta de la política de extrema derecha en este país. No se puede seguir bloqueado lo que decidan las juntas de tratamiento porque se hace exclusivamente por razones estrictamente políticas. Están estancados fundamentalmente en que nada cambie, en que se siga manteniendo la situación de confrontación y, ante eso, nos seguiremos manifestando", ha añadido.
También ha lamentado la actitud de "algunas asociaciones de víctimas" --que ha querido "diferenciar" de las víctimas de manera individual, "que tienen todo nuestro respeto--. A su entender, algunas asociaciones están "implicadas en que nada cambie, en bloquear cualquier movimiento que se haga en favor de la convivencia en este país".
"Es una situación que no se entiende porque están incumpliendo su propia normativa penitenciaria y lo que tiene que hacer un gobierno es dar ejemplo, y no se está dando ejemplo", ha concluido.
