El TS sentencia al fiscal general por el 'email' y la nota: "No puede responder a una noticia falsa con un delito"

   MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 

   El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", indicando que en este caso la revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- lo fue tanto por la filtración a los medios del 'email' donde el empresario se ofrecía a confesar como por la posterior publicación de una nota de prensa que lo mencionaba.

   La sentencia se ha conocido este martes, casi tres semanas después de que el tribunal que juzgó a García Ortiz adelantara el fallo por el que acordó condenarle a dos años de inhabilitación para el cargo, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros por daños morales.

   En el texto, de 180 folios, el TS da por probado que fue García Ortiz o "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" quien filtró la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el correo enviado el 2 de febrero de ese año por el abogado de González Amador a Fiscalía para ofrecer que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de eludir la cárcel.

   En este punto, el tribunal llama la atención sobre la llamada de WhatsApp que el periodista de la radio hizo a las 21:38 a García Ortiz y que duró "cuatro segundos", a pesar de que ambos negaron que llegaran a hablar. Para el TS, esa conexión sugiere "contactos ulteriores por otras vías telemáticas".

   Los magistrados también apoyan la condena en la difusión, a las 10:22 horas del 14 de marzo, de la nota de prensa de la Fiscalía donde se detallaba el intercambio de 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, incluido el hecho de que reconocía la autoría de esos dos delitos fiscales.

    A este respecto, recuerdan que García Ortiz asumió desde el primer momento la autoría de ese comunicado, así como que su jefa de prensa reconoció que "le dictó párrafos concretos" y que ambos formaron el "consejo de redacción" para ese texto.

   El tribunal considera que la divulgación de la información reservada se materializó tanto por la filtración del 'email' como por la publicación de la nota informativa, que constituyen "una unidad de acción". "La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa", afirma.

   García Ortiz esgrimió que el comunicado era necesario para desmentir lo que consideraba un "bulo", en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo por 'El Mundo', donde se decía que fue Fiscalía quien ofreció pactar, en vez de al revés; y a las siguientes informaciones que apuntaban que el pacto se había frenado por "órdenes de arriba".

   Sin embargo, el Supremo resuelve que "el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, como la divulgación de un escrito de reconocimiento de un hecho para evitar el juicio, incluso cuando el investigado ha insinuado un comportamiento del Ministerio Fiscal no procedente".

"UN DEBER REFORZADO DE RESERVA" 

   El tribunal razona que "la negación de una noticia incierta no requiere la afirmación pública de la responsabilidad penal reconocida" por una persona bajo investigación porque eso puede lesionar los derechos de defensa y a la presunción de inocencia que la Fiscalía debe garantizar, enfatizando que "sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación".

   En consecuencia, rechaza la tesis de que "lo que ya haya sido divulgado no merezca la protección dispensable a la información secreta o reservada, o que todo aquello que ya es conocido por el público se sitúe extramuros de la tutela penal que se dispensa a informaciones que puedan comprometer" derechos fundamentales.

   Por eso, establece que el hecho de que algunos medios dispusieran del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 antes de que le llegara a García Ortiz, a las 21:59 horas del 13 de marzo por 'email', "no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general".

   Pese a ello, el Supremo no cuestiona la "credibilidad" de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios. Simplemente expone que no son suficientes para exonerarlo.

"NO SE ENTIENDE" LA "PREMURA"

   A la filtración del correo y la difusión de la nota, el TS suma como indicios "la secuencia temporal de comunicaciones, la urgencia mostrada en la obtención de los correos, (...) el posterior borrado de los registros, los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración, junto al hecho de que ninguna otra persona distinta al letrado de González Amador, el fiscal Salto, la fiscal provincial y el propio fiscal general y su entorno pudieron participar en la filtración".

   Los magistrados repasan las horas clave de la noche del 13 de marzo, en las que García Ortiz activó a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que reclamase al fiscal Salto la cadena completa de correos que intercambió con la defensa de González Amador.

   "Tan apremiante era el encargo que no dudaron en hacer salir al fiscal Salto del partido de fútbol al que en ese momento estaba asistiendo, para proceder de forma inmediata a la remisión de los correos", apuntan.

   El Supremo no entiende la "premura" de tal actuación. "Desde luego, no eran necesarios los correos para negar públicamente que hubiera dado órdenes para que no se llegara a una conformidad en el asunto de González Amador", concluye.

   De hecho, desestima el argumento del fiscal general de que era necesario difundir la nota de prensa para cumplir con el deber de informar de la Fiscalía.

EL BORRADO Y LAS ADVERTENCIAS DE LASTRA 

   Asimismo, el Supremo recalca que "no existe" norma alguna que obligase a García Ortiz a borrar el contenido de su teléfono móvil "casualmente el día 16 de octubre de 2024, tan solo un día después" de que se abriera la causa en su contra.

   Para los magistrados, la causa explicativa del borrado "no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer, con toda legitimidad, García Ortiz".

   De igual forma, el tribunal se apoya en la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien manifestó que desde el primer momento advirtió de que la información podía filtrarse. Según ella, preguntó directamente a García Ortiz si lo había hecho y él contestó: "Eso ahora no importa". El Supremo cree que con ello reconoció "indirectamente su participación en la filtración".

NO HAY "ALTERNATIVA" CREÍBLE

   El Supremo estima que todo esto dibuja un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" contra García Ortiz, haciendo hincapié en que "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio fiscal tuvo una participación directa".

   El TS se detiene a analizar la tesis de la defensa de que hasta 600 personas tenían acceso a la información sensible para rechazarla, porque solo el "entorno próximo" al fiscal general sabía que afectaba al novio de Díaz Ayuso, y porque "evidenciaría una brecha de seguridad importante" que habría "merecido" una actuación del servicio de inspección que no hubo. Esa "indiferencia institucional (...) sólo es entendible a partir de la interesada pasividad" de García Ortiz, afea.

   Por último, dice que se ha probado que "al menos" hubo esa filtración a la Cadena SER, ya que constata que "sobre este mismo asunto se han producido otras dos filtraciones, la del expediente tributario y la de la nota de prensa". "Filtraciones que no son objeto de este procedimiento pero revelan una forma de actuar, un tanto anómala, sobre este objeto procesal", desliza.