El ex alcalde y ex concejales serán juzgados a partir del día 14 y del 26 de este mes por otras dos causas urbanísticas
MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga suspendió hasta enero de 2008 el juicio previsto para hoy contra al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y otros siete ex ediles por la licencia para garajes y 89 apartamentos, al renunciar uno de los acusados a su abogado por "discrepancias" en el planteamiento de la defensa. La vista oral por este caso, que ya se suspendió el pasado mes de mayo, se ha fijado para los días 17 y 18 de dicho mes.
El ex concejal Tomás Reñones explicó al juez que la pasada semana surgieron "diferencias" en el criterio de defensa, por lo que expresó a su letrado Ernesto Osuna su intención de renunciar a él y buscar otro defensor para esta causa. En este sentido, Osuna explicó a los periodistas que dichas discrepancias "no se terminaron de resolver" en la reunión celebrada.
El fiscal no se opuso a esta suspensión, aunque sí consideró que "no podemos aceptar como válidamente coherente" la explicación del procesado, porque al tratarse de una causa de 1999 esas discrepancias se podrían haber resuelto con anterioridad a la fecha del juicio. Tras no expresar su oposición el resto de las partes, el magistrado decidió aplazar el juicio.
En este caso están acusados, además del ex regidor, los entonces ediles Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones, Javier Lendínez --todos imputados en el caso 'Malaya'--; así como María Luisa Alcalá, José Luis Troyano y Alberto García. El fiscal solicita dos años de prisión y 10 de inhabilitación para cada uno por un delito urbanístico, al conceder permiso de obra sobre suelo calificado de rústico primero y no urbanizable posteriormente.
Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, a las que tuvo acceso Europa Press, los acusados, todos integrantes de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento marbellí, concedieron en julio de 1999 un permiso de obras a la entidad Laelco Inversiones SL, para construir en la urbanización Guadalpín Norte de dicha localidad malagueña 89 apartamentos y garajes.
Esta concesión se realizó "a sabiendas de que la licencia contravenía las normas urbanísticas vigentes aplicables a la parcela para la que se concedía el permiso de obras". Así, el fiscal entiende que en ese momento la normativa vigente era el Plan de Ordenación Urbana de 1968, que calificaba la parcela como suelo rústico de control; y, a partir del decreto 16/1981 como suelo "no urbanizable".
El ministerio público explica en su escrito que se aplicaba el plan del 68, porque el de 1986 "era inexistente" en ese momento, al no ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta el 28 de noviembre de 2000; ocurriendo lo mismo con la revisión de 1998 "por falta de autorización y publicación".
No obstante, la acusación pública precisa en su relato de hechos que la licencia tampoco sería lícita conforme al plan de 1986, que permitía una edificación de viviendas unifamiliares adosadas, "evidentemente con un volumen de edificabilidad muy inferior al otorgado en la licencia de obras concedida".
El fiscal señala que el expediente para la concesión del permiso incluía un informe pericial de los arquitectos municipales "referidos exclusivamente" a la adecuación de la licencia de obras al PGOU de 1998 "totalmente inexistente por su falta de autorización y publicación".
JUICIOS EN NOVIEMBRE.
Por otro lado, el Juzgado de lo Penal número 7 tiene fijado para el día 14 de este mes otro juicio por delito contra la ordenación del territorio, caso en el que Muñoz y los ex ediles Pedro Román, Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe --en rebeldía--, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo se enfrentan a una petición fiscal de nueve años de inhabilitación y multa, excepto la última concejala, para la que piden siete años.
Esta causa se inició en relación a tres licencias otorgadas a particulares para las obras de tres viviendas unifamiliares en terrenos rústicos, según el PGOU de 1968, y no urbanizable conforme al del 86. Estos permisos fueron concedidos, según el fiscal, "obviando la normativa jurídica existente sobre dichos suelos, en ejecución y de acuerdo con convenios particulares celebrados entre el Ayuntamiento y los interesados".
Asimismo, Penal número 8 volverá a juzgar una causa urbanística contra el ex regidor, aunque en este caso están también como acusados el ex asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca; el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román y el letrado José Luis Sierra, por la concesión de una licencia a la empresa Incopromar para un edificio de 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida del Mar.
La Fiscalía de Málaga acusó a Muñoz y a los ex ediles Rafael González, Mario Jiménez, José Pomares, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe --que está en paradero desconocido--; y Marisa Alcalá de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide, según las conclusiones provisionales a las que tuvo acceso Europa Press, 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.
En ese escrito, el fiscal no acusa a Roca ni a Román, para los que pedía el sobreseimiento provisional, pero sí lo hacía la acusación popular en nombre de la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, que amplió su escrito de acusación, acusando al primero de un delito contra la ordenación del territorio y de otro de prevaricación y al segundo, sólo por éste último.
