Recuerda que la Constitución "no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas con derechos anteriores a ella"
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional se remonta al 'plan Ibarretxe', que el Parlamento vasco aprobó en 2004, y a la consulta de independencia que la región canadiense de Quebec celebró en 1995 para justificar la sentencia en la que anula parcialmente la declaración soberanista que el Parlamento de Cataluña aprobó el 23 de enero de 2013.
La resolución dictada este martes destaca la "similitud" del planteamiento del Parlamento catalán con el Proyecto de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi impulsado por el Gobierno de Juan José Ibarretxe (PNV), sobre cuya "inadmisibilidad" se pronunció el alto tribunal el 11 de septiembre de 2008.
En los dos casos la soberanía del pueblo de Cataluña y de Euskadi se predicaba de un sujeto "creado en el marco de la Constitución, por poderes constituidos en virtud del ejercicio del derecho a la autonomía reconocido por la Norma fundamental". En este sentido, el TC recuerda que el sujeto de soberanía referido en los dos proyectos (el pueblo catalán y el vasco) "no es titular de un poder soberano, el cual es exclusivo de la Nación [española] constituida en Estado".
NO HAY PACTO ENTRE TERRITORIOS
De igual modo, los magistrados del Constitucional recuerdan en su resolución que este tribunal ya ha declarado que el Estado autonómico se asienta en el principio fundamental de que la Constitución "hace residir la soberanía nacional en el pueblo español".
De esta forma, sostienen que la Carta Magna "no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores".
Además, hacen referencia a la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña que se dictó en 2010 para recordar que avaló el artículo que contemplaba que "Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma". "Como este tribunal declaró en la citada sentencia, los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente", dice el TC.
"SECESIÓN UNILATERAL EN CANADÁ"
La resolución del TC también menciona una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Canadá en agosto de 1998 en la que rechazaba "la adecuación de un proyecto unilateral de secesión por parte de una de sus provincias tanto a su Constitución como a los postulados del Derecho internacional".
El alto tribunal impidió entonces a Quebec separarse del resto del país basándose en que "ni la Constitución ni el derecho internacional conceden el derecho a una secesión unilateral". El tribunal canadiense recogía la posibilidad de negociar la independencia siempre que "una clara mayoría del pueblo de Quebec así lo decidiera" y que esa decisión "respetara los derechos" del resto de los canadienses.
Dos años después de esta sentencia del Supremo el Parlamento canadiense aprobó la denominada Ley de la Claridad, que endurecía las condiciones para la secesión. Establecía que la mayoría debía ser superior al 50 por ciento más uno y contemplaba que fuera la cámara nacional y no la regional quien decidiera sobre la pregunta que se formularía a los quebequeses en un hipotético referéndum de autodeterminación.
