MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los técnicos de la prisión madrileña de Soto del Real han comenzado este viernes por la mañana las entrevistas con los siete integrantes del ERT (Equip de Resposta Tctica), la facción presuntamente violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR), a la espera de que se les asigne módulo y celda, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.
Su primera noche en prisión ha transcurrido sin incidencias en el módulo de ingresos, siguiendo el protocolo habitual con presos preventivos en Madrid V, el centro penitenciario de referencia para los traslados desde la Audiencia Nacional. Los siete reclusos están acusados de delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
La prisión dispone ahora de un máximo de cinco días para asignar módulo, aunque la previsión es que esto ocurra el próximo lunes. El protocolo de Instituciones Penitenciarias establece que los reclusos, en su primeras horas en el centro, tienen que recibir información sobre las normas y horarios de la prisión.
También reciben un kit de aseo reglamentario y se les suele facilitar ropa y sábanas. Si es la primera vez que pisan un penal, se les toma las huellas dactilares y se saca una foto de identificación para abrir un expediente personal en el que constarán posibles incidencias.
Los siete integrantes del ERT fueron enviados a prisión custodiados por la Guardia Civil después de terminar ayer por la tarde su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. En la 'operación Jaula' del Instituto Armado fueron arrestados el lunes otras dos personas, aunque quedaron en libertad en Barcelona, donde se practicaron una decena de registros y se encontraron precursores de explosivos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que existen indicios de que los siete integrantes del ERT (Equip de Resposta Tctica) forman parte de una facción de los CDR con una "estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta".
García Castellón entiende que en el presente caso concurren los requisitos para acordar la prisión, como son la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como la posible reiteración delictiva.
La Fiscalía consideró que la organización de la que forman parte presuntamente los detenidos tiene "naturaleza terrorista" y su finalidad era "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". A su juicio, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos, así como el "riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas", han llevado a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.
