El colaborador de la Guardia Civil fue quien alertó de que querían atentar en Madrid
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El testigo protegido que alertó a la Guardia Civil de que un grupo de supuestos islamistas estaba intentando comprar explosivos para hacer "algo gordo" en Madrid no comparecerá en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra los cinco presuntos yihadistas, ya que se encuentra "ilocalizado".
En la segunda sesión del juicio, que comenzó ayer, ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, la fiscal Blanca Rodríguez anunció su renuncia a este testigo, ante "la imposibilidad de que comparezca", ya que no se le ha podido localizar, a pesar de que se han hecho las gestiones necesarias para encontrarlo.
No obstante, ya que la próxima sesión no será hasta el 6 de abril, anunció que pedirá que se hagan nuevas gestiones para que este testigo, denominado en la causa 'A-1', pueda acudir a la vista. Además, solicitó que se tengan en cuenta las declaraciones que efectuó ante el juzgado de instrucción que investigó los hechos y que se proceda a su lectura en el juicio.
Las defensas, por su parte, anunciaron que no renuncian a este testigo, que es "fundamental", porque constituye "la clave" del procedimiento. Ante el revuelo que suscitó la incomparecencia de 'A-1' entre los abogados, la presidenta del tribunal, Angela Murillo, les dijo: "Se le va a buscar, pero si no aparece lo que no podemos es rezar una novena para que aparezca". La fiscal coincidió en que este testigo es "fundamental" e insistió en que se hará una "nueva gestión" para intentar localizarlo.
Fuentes jurídicas reconocieron que la incomparecencia de este testigo clave del proceso podría resultar decisiva a efectos de la carga probatoria que el tribunal deberá valorar para dictar sentencia contra los cinco acusados, que se enfrentan a penas de entre siete y 16 años y medio por los delitos de colaboración con organización terrorista, receptación, falsificación y tenencia de útiles para la falsificación.
PRINCIPAL PRUEBA DE LA FISCALÍA
La declaración del testigo protegido es la principal prueba de la Fiscalía, junto con las conversaciones telefónicas interceptadas a los acusados en las que hablan de la búsqueda de explosivos y de una sustancia peligrosa que llamaban 'mercurio rojo'. En los registros realizados en los domicilios y negocios de los acusados se encontró abundante documentación yihadista, pero no se halló ningún rastro de material explosivo.
Ayer, el instructor de la investigación reconoció que el hecho de que no apareciera "ninguna sustancia explosiva" fue "la espada de Damocles" que tuvieron sobre sus cabezas durante toda la investigación.
El agente confirmó que las pesquisas comenzaron después de que un "colaborador" les alertara de que un argelino pretendía conseguir explosivo, del que ya tenía "una muestra o cantidad". Esta persona se había convertido en el intermediario de los supuestos islamistas, asentados en Alicante, y dos personas de Granada que tenían acceso a canteras de la zona.
Según este guardia civil, el testigo protegido mantuvo varias reuniones con Khaled Bakel para acordar los términos de la compra, que finalmente no salió adelante. El colaborador les contó además que en estos encuentros el supuesto islamista le dijo que ya tenían 100 kilos de explosivo y que pretendían hacer "algo gordo" en Madrid. Según el escrito de la fiscal, en concreto, 'A-1' reveló que el grupo había apuntado la posibilidad de que el objetivo fuera el edificio de El Corte Ingles de la calle Princesa de la capital.
La participación del colaborador en la causa acabó después de que el acuerdo entre los individuos de Granada -que fueron detenidos en julio de 2005-- y los acusados no fructificara. A preguntas de los abogados, el instructor explicó que en la investigación se constató que el entorno del colaborador se dedicaba al tráfico de drogas y armas.
La investigación tuvo una segunda fase que comenzó en septiembre de ese año cuando se detectaron indicios de que buscaban una sustancia peligrosa, que ellos denominaban 'mercurio rojo'. Los acusados fueron detenidos el 23 de noviembre, después de que surgieran sospechas de que iban a "salir de escena", ya que algunos pusieron en venta sus negocios.
La fiscal atribuye a los cinco acusados -Said Bouchema, Khaled Bakel, Lyes Sihamida, Salim Zerbouti y Soufiane Sadji-- el delito de colaboración con organización terrorista, por el que pide 7 años de prisión. También atribuye a Sihamida los delitos de falsificación en documento oficial (un año y seis meses) y de tenencia de útiles para la falsificación (ocho años), delito que también imputa a Sadji.
Además, imputa al presunto cerebro, Bouchema, el de receptación, por el que le pide un año más. En el registro de su casa se hallaron multitud de artículos de electrónica, telefonía, perfumería y joyería, cuya propiedad no se pudo acreditar. Entre ellos, había 142 relojes, seis ordenadores portátiles, 14 cámaras de fotos, 22 gafas de sol, 17 tarjetas de teléfono y un módulo reprográfico Xerox.
