Detecta desvío de subvenciones, fraccionamiento de contratos, viajes para difundir el procés y medio millón de euros sin justificar
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves su informe sobre las denominadas 'embajadas' catalanas y al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó en diciembre de 2017 bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución. Su conclusión es que buena parte de esos fondos públicos se usó para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.
Se trata del informe que a finales de 2017 encargó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Lo hizo a instancias del PP, que presentó una iniciativa, apoyada por PSOE y Ciudadanos, para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado "conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia".
El informe aprobado revela que el presupuesto total de la Generalitat destinado a la acción exterior entre 2011 y 2017 fue de al menos 416,8 millones de euros, si bien en esta cantidad no figuran otros gastos de personal de la Secretaría de Acción Exterior y de la UE del Departamento de la Presidencia del periodo que va entre 2011 y 2015.
El gasto total de las delegaciones catalanas en el extranjero durante el periodo fiscalizado ascendió al menos a 27,2 millones a actividades de las delegaciones catalanas en el extranjero --sin incluir gastos por seguros sociales--.
Fuentes del Tribunal de Cuentas han confirmado a Europa Press que el informe constata que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.
Así, dice no disponer de documentación justificativa de gastos por un importe de 302.794 euros y añade que se han detectado pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc).
En concreto, la institución que preside María José de la Fuente detectó al menos 456 actividades de las delegaciones entre 2013 y febrero de 2016, todas ella relacionadas "expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista" y cuyo gasto "no justificado" asciende a 327.736,34 euros.
MEDIO MILLÓN EN ASESORES E INFORMES QUE NO APARECEN
Las 'embajadas' catalanas abonaron 515.675 euros por servicios de asesoramiento o elaboración de informes referidos en varios casos al proceso soberanista cuyo objeto se desconoce o es contrario a las competencias de las delegaciones o de la comunidad autónoma. Además, se han detectado pagos de las delegaciones a trabajadores sin contrato por un importe de 123.4765 euros.
En concreto, se calcula que durante el periodo fiscalizado se elaboraron más de 10.000 notas, memorandos e informes para apoyo del presidente, los miembros de su Gobierno y el propio secretario de Acción Exterior, pese a que el Tribunal de Cuentas recalca que sólo ha recibido 2.795 documentos y referidos hasta febrero de 2016.
A su juicio, ese asesoramiento buscaba impulsar, fomentar y publicitar el respaldo internacional al proceso separatista, para lo cual se destinaron 49.509 euros sin incluir gastos de personas ni recursos materiales.
La institución fiscalizadora, que en próximas fechas remitirá su informe a las Cortes, constata además que la Secretaría de Acción Exterior y de la UE no contaba con planes anuales de acción exterior y critica que, pese a ello, realizó contratos sobre materias ajenas a su competencia y concedió subvenciones de manera directa, sin concurrencia pública, a entidades que promocionaban el proceso soberanista.
De la ejecución de los recursos públicos aplicados a la acción exterior se han analizado también 45 viajes internaciones de cargos públicos con un coste total de 479.633 euros vinculados a la promoción del proceso soberanista.
TRES DE CADA CUATRO EUROS DEL DIPLOCAT, PARA EL PROCÉS
Por su parte, el Diplocat gastó 15,8 millones de euros en todas las actividades desarrolladas entre 2011 y 2017, de las cuales más de 74% tuvieron como objetivo "promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista".
Uno de los gastos más llamativos se refiere a los pagos por un importe de 1,5 millones de euros a un lobby norteamericano que se encargó de cerrar una reunión con el subsecretario de la OTA y reuniones con miembros de gobiernos y parlamentarios extranjeros. Según publica el diario ABC, su nombre es Independent Diplomat (ID), cuyos servicios, según el Tribunal de Cuentas, también contrataron las 'embajadas' catalanas, en concreto la delegación en Estados Unidos.
Además, según el órgano fiscalizador, el Diplocat ha incurrido en numerosas irregularidades en materia de contratación, incluyendo el fraccionamiento de contratos, el pago a varios observadores internacionales, la elaboración de informes relacionados con el procés y la concesión de subvención sin justificar.
El Tribunal de Cuentas analizó la actividad de otras entidades del sector exterior catalán, como el Instituto Ramón Llull, y ha propuesto la supresión de la Casa de la Generalitat en Perpiñán (Francia).
Su conclusión es que tanto los objetivos como los resultados de ejecución de Diplocat son ajenos al ámbito de las competencias de una comunidad autónomas e invaden tareas exclusivas del Estado, lo que en la práctica supone un incumplimiento de la legalidad.
MUNICIÓN PARA EL FISCAL
Si, a la luz del informe, el Tribunal de Cuentas aprecia algún indicio de responsabilidad contable, estos datos podrían incorporarse a la investigación que tiene abierta por el presunto desvío millonario de recursos económicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En concreto, el fiscal del Tribunal pidió abrir causa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros exmiembros del Govern por la utilización de fondos públicos para la celebración de esa votación ilegal.
Y en caso de que, además de indicios de responsabilidad contable, se entendiese que hay un delito penal, se trasladará también a la Fiscalía, aunque el Tribunal Supremo ya está juzgando por malversación a los exconsellers del Govern de Puigdemont.
