MADRID/ALMERÍA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha citado a declarar en calidad de imputado al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gádor (Almería), Onofre Martínez (PP), dentro del proceso que el alto tribunal mantiene abierto contra el alcalde de la localidad y senador Eugenio Gonzálvez (PP) por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato para la obra de una nave municipal por valor de 144.837 euros.
La declaración de Martínez había sido solicitada al juez por las partes en esta causa ya que en su declaración Gonzálvez había dicho que era Martínez quien ostentaba delegadas las competencias en esta materia cuando se ejecutó la obra de la nave municipal objeto del presunto delito.
El instructor del caso, Miguel Colmenero, ha atendido así la petición de la acusación particular --que ejerce la agrupación local del PSOE en Gádor y que interesó la citación en calidad de imputado-- y Martínez comparecerá ante el juez el 31 de mayo a partir de las 10,30 horas. La defensa había pedido la testifical del concejal para que respaldase "la veracidad de las afirmaciones de Gonzálvez ante el magistrado.
Tras su declaración ante el juez, el pasado 12 de abril, el abogado de Gonzálvez indicó que éste está "plenamente convencido" de su inocencia, sin embargo, la Fiscalía aprecia indicios de prevaricación en su actuación. En concreto, señala que el contrato de obras de la nave se tramitó "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresaba su "reparo".
Interpreta, así, este extremo como una decisión que contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado al tiempo que apunta que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa.
En marzo de 2007, según se detalla en el escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto global que ascendió a 144.837,87 euros. Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a Montajes Metálicos Almería SL --42.233,28 euros--, Lama Estructuras Metálicas SL --44.674,89 euros--- y Acerama SC, a la que dispuso el abono de 57.929,69 euros.
El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formulaba además "reparo" ante el citado decreto, pese a lo cual --ahonda el fiscal-- "el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último" de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno de sesión extraordinaria.
