BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la anulación del acuerdo del claustro de la Universitat Politcnica de Cataluña (UPC) de septiembre de 2021 contra las fianzas del Tribunal de Cuentas en la causa contra excargos del Govern por los gastos exteriores del 'procés'.
En una sentencia consultada por Europa Press, la sala contenciosa del TSJC ratifica la sentencia del Juzgado Contencioso 13 de Barcelona, que en marzo anuló este acuerdo del claustro.
El primer juzgado dictó la sentencia a resultas de un recurso de un grupo de profesores contrarios al acuerdo y consideró que con al adoptarlo se había roto "con la neutralidad ideológica o política que se espera de una Universidad".
La primera sentencia ahora confirmada argumentó que el acuerdo vulneraba la libertad ideológica porque según detalló el juez la manifestación de una opción debe incluir la posibilidad de objetarla, por lo que una toma de postura de una universidad es contraria a Derecho si existe oposición.
También considera que el acuerdo vulnera la libertad de expresión porque "se ha impuesto en nombre de la mayoría" una opinión contra la voluntad de algunos de sus miembros.
"Una universidad no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses a los que debe servir", argumenta la sentencia ahora confirmada por el TSJC.
La sentencia también afirmaba que el principio de neutralidad ideológica es de aplicación en las universidades como integrantes de la administración pública, y que no existe "ningún espacio franco o libre de la Ley en el que puedan actuar poderes públicos", y también ha descartado aplicar el principio de autonomía universitaria a un pronunciamiento de carácter político.
El grupo impulsor del litigio, Universitaris per la Convivncia, ha valorado en un comunicado este lunes que el manifiesto vinculaba a toda la comunidad universitaria y ha tachado de inaceptable que las "universidades intenten fijar una especie de pensamiento oficial (claramente alineado con el poder político), vulnerando de este modo los referidos derechos en una acción que de ningún modo queda cubierta por la autonomía universitaria".
