TSJPV pide informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de que el Gobierno vasco quite pisos a magistrados

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó hoy, por unanimidad, solicitar informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad del acuerdo adoptado por el Consejo del Gobierno Vasco del 26 de septiembre de 2006, en el que decidió quitar el piso a los máximos representantes de la Judicatura y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma Vasca.

El órgano de Gobierno analizó, en su reunión de hoy, la decisión del Gabinete Ibarretxe de suspender la cesión de uso de cinco pisos de su propiedad ocupados por el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, la fiscal-jefe del alto Tribunal vasco, María Angeles Montes, la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Ana Iracheta, y los máximos responsables del ministerio público en las Audiencias de Alava y Gipuzkoa, Jesús María Izaguirre y Jaime Goyena, respectivamente.

La decisión del Ejecutivo se ha dado a conocer cuando se instruye en la Sala Civil y Penal del TSJPV la causa contra el lehendakari por supuesta desobediencia al reunirse el pasado mes de abril con la ilegalizada Batasuna.

Por su parte, la Sala de Gobierno del alto Tribunal vasco ha decidido pedir un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de esta medida, en el que se analice la competencia del Consejo de Gobierno para la adopción del acuerdo, la existencia y regularidad del procedimiento seguido por el Consejo de Gobierno para la adopción de la decisión, y "la conformidad a derecho del contenido de fondo del acuerdo, incluido el contraste en cuanto al vicio de desviación de poder".

El órgano de Gobierno del alto Tribunal vasco ha reclamado este informe después de haber "tomado en conocimiento" el acuerdo adoptado por el Ejecutivo vasco, que "deja sin efecto el punto primero del Acuerdo de 23 de noviembre de 1988, del Consejo de Gobierno sobre actuación y uso de viviendas instaladas en edificios judiciales adquiridos por la Comunidad Autónoma en virtud del traspaso de funciones en materia de Administración de Justicia y establecimiento del líneas de crédito, interés subvencionado para la adquisición de vivienda habitual del País Vasco".

Aunque las viviendas referidas, en un principio, se encontraban dentro de las sedes judiciales, al transferir esta competencia a la Comunidad Autónoma, los pisos se ubicaron fuera de estos edificios.