Pide que se establezcan comisiones de arbitraje para compensar a los afectados por abusos
ESTRASBURGO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones una resolución en la que expresa su "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España al considerar que en muchos casos han vulnerado "los derechos fundamentales de las personas". Los diputados "lamentan profundamente" que estas prácticas se hayan extendido a varias regiones españolas, "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea, pero también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid".
Los parlamentarios piden además a las autoridades regionales que creen comisiones de arbitraje para resolver los conflictos urbanísticos. La resolución, que no tiene carácter vinculante, fue promovida por los socialistas, liberales, izquierda unitaria y verdes, y contó con la oposición del Partido Popular, que alegó durante el debate de la resolución el pasado martes que los ciudadanos se habían pronunciado sobre el urbanismo en Valencia y Madrid dando la mayoría absoluta a los populares en ambas comunidades el 27-M.
Durante este debate, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, anunció que el Ejecutivo comunitario denunciará el próximo miércoles 27 de junio la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que vulnera la normativa europea de contratación pública y las exigencias de información y transparencia en las licitaciones de proyectos urbanísticos que ésta establece. McCreevy destacó que la Comisión está vigilando si los proyectos urbanísticos respetan la legislación medioambiental comunitaria, pero no tiene competencias en materia de derecho de propiedad.
CORRUPCIÓN
El texto aprobado por los parlamentarios recuerda que han existido "casos de práctica de corrupción relacionados con macroproyectos de urbanización que han conducido a la detención y condena de funcionarios y políticos elegidos en las administraciones públicas locales".
Insiste en que los proyectos de urbanización masiva "no responden en absoluto a las necesidades reales de las ciudades y los pueblos afectados, son insostenibles en el plano ambiental y tienen un impacto desastroso en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas".
Asimismo, condena la aprobación por algunos municipios de "planes urbanísticos que más tarde son declarados ilegales, lo que lleva al derribo o la amenaza de derribo de bienes inmobiliarios adquiridos de buena fe por ciudadanos europeos por medio de promotores y agentes de la propiedad".
COMISIONES DE ARBITRAJE
Por estos motivos, el pleno de la Eurocámara "ruega" a las autoridades españolas y a los gobiernos de las comunidades autónomas, "en particular al gobierno de la Comunidad Valenciana", que "reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad adquirida legalmente y establezcan por ley criterios más precisos para la aplicación del artículo 33 de la Constitución Española con respecto a la utilidad pública y el interés social".
Para resolver los conflictos urbanísticos, el Parlamento reclama a las autoridades regionales que creen comisiones de arbitraje, en las que participen los Defensores del Pueblo locales, y a las que puedan acceder de forma gratuita los afectados directamente por posibles abusos. También solicita que, cuando se tengan que pagar compensaciones por pérdida de propiedad, estas se establezcan a un nivel adecuado, y que se consulten los planes urbanísticos con los ciudadanos para fomentar un desarrollo "aceptable y sostenible".
Los eurodiputados destacan que la Comisión debería prestar "especial atención" a las infracciones de las directivas medioambientales y sobre el agua. "Es imperativo tomar medidas adecuadas que garanticen la correcta aplicación y el adecuado respeto de la Directiva marco del agua en lo que se refiere a los grandes proyectos urbanísticos", señalan
La resolución critica finalmente los métodos de designación y los excesivos poderes que se otorgan con frecuencia a los agentes urbanizadores a costa de los habitantes locales y pide que las autoridades consulten a los ciudadanos antes de lanzar proyectos urbanísticos. Además, se insta a la Comisión a que emprenda una campaña de información dirigida a los ciudadanos europeos que adquieran propiedad inmobiliaria en otro Estado miembro.
