29 de enero de 2020
 

Unifica acusa al juez Ruz de llevar a cabo "una inquisición general" sobre sus cuentas

Actualizado 08/12/2014 0:41:35 CET

Cree que pedir información sobre actividades con clientes distintos al PP vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio de arquitectura Unifica, cuyos responsables están imputados por cobrar presuntamente en negro una parte de las obras de reforma de la sede del Partido Popular (PP), ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de llevar a cabo "una inquisición general" sobre sus cuentas entre los años 2005 y 2010.

Así consta en un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la empresa solicita a la Sala de lo Penal, superior jerárquicamente al juez instructor, que revoque el auto que dictó el pasado 24 de octubre en el que solicitaba a la Agencia Tributaria que determinara las "cuotas presuntamente defraudadas" por Unifica en relación con la liquidación por el Impuesto sobre Sociedades e IVA correspondientes a los ejercicios fiscales afectados por las obras de reforma.

La compañía del arquitecto Gonzalo Urquijo acusa al magistrado de querer llevar a cabo "una causa general y prospectiva que excede del objeto del procedimiento", y señala que su decisión de analizar operaciones con otros clientes que no sean el PP supone una conculcación del artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva.

Unifica, que considera "desmesurada, inusitada y manifiestamente ilegal" la ampliación del objeto del procedimiento, señala que "en un estado democrático de derecho las investigaciones prospectivas están prohibidas y la instrucción judicial debe centrarse en aquellos hechos que indiciariamente pueden llegan a ser, de confirmarse, penalmente reprochables".

También sostiene que el delito fiscal que supuestamente se habría cometido en los años 2005, 2006 y 2007 habría prescrito al haberse sobrepasado el plazo de cinco años establecido para este tipo penal.

1,7 MILLONES SE PAGARON EN NEGRO

Ruz realizó esta petición a la Agencia Tributaria en un auto en le que revelaba que el PP pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio pasado hasta alcanzar los 1,71 millones de euros.

El magistrado señalaba, a partir de un informe de la Agencia Tributaria, que las obras de reforma de la planta baja, que se llevaron a cabo en 2006 por lo que el delito fiscal podría haber prescrito, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal".

Según el auto, sólo una parte de estos fondos (184.000 euros) "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionanaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto (566.095,04 euros) no aparecía en sus manuscritos. Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento".

El magistrado, que apuntaba en su auto que el delito fiscal sería atribuible al estudio de arquitectura, señalaba que el hecho de que la facturación se extienda a lo largo de varios periodos impositivos (unos que habrían prescrito y otros que no) hace que "en el momento actual" no resulte posible "cuantificar con carácter definitivo las cuotas tributarias en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)".

Los hechos investigados, según el juez instructor, podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, sin perjuicio de una posterior calificación y a la espera de los informes definitivos de la Agencia Tributaria.

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