Publicado 26/06/2020 18:06:14 +02:00CET

La UPF lamenta que el Congreso amplíe los plazos de instrucción en vez de derogarlos

Imágenes de los Juzgados de Instrucción ubicados en la Plaza de Castilla de Madrid.
Imágenes de los Juzgados de Instrucción ubicados en la Plaza de Castilla de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Cree que alargar hasta 12 meses la fecha tope de las investigaciones penales "no resuelve los problemas"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Progresista de Fiscales lamenta "profundamente" que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados haya acordado por mayoría reformar el artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim) para ampliar los plazos de instrucción de causa penales hasta los 12 meses y no haya optado por su derogación.

La UPF recuerda que, al igual que las otras dos de fiscales y casi todas las de jueces, han reivindicado que se elimine la fecha tope para las instrucciones penales desde que el PP modificó el texto en 2015 para establecer el límite en seis meses con carácter general o en 18 meses si la causa se declara compleja.

La Comisión de Justicia de la Cámara Baja se reunió este jueves para debatir y votar la enmienda transaccional acordada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y Vox, para reformar dicho artículo. La iniciativa, que ahora continúa su tramitación en el Senado, parte de una proposición de ley impulsada por Unidas Podemos, que reclamaba derogar la reforma impulsada por los 'populares'.

La nueva redacción del artículo señala que si el juez instructor considera que la investigación no puede concluir en el plazo marcado por ley, puede "acordar de oficio o a instancia de parte", y una vez "oídas las partes" las "prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses".

La UPF "agradece" que se atribuya a los jueces la responsabilidad de controlar los plazos de instrucción, ya que hasta ahora las prórrogas se acordaban a instancias del Ministerio Público, pero considerar que alargar el tiempo en seis meses "no resuelve los problemas".

NULIDAD DE LAS DILIGENCIAS

Según explica en un comunicado, la reforma propuesta prevé la nulidad de aquellas diligencias de investigación que se hayan practicado fuera del plazo inicial de 12 meses sin acordarse la prórroga o revocada esta por el órgano superior.

"Las consecuencias de tal previsión pueden ser nefastas y afectar no solo al Ministerio Fiscal, al poner en entredicho su principal función, la de perseguir de forma imparcial la comisión de los delitos, sino también a las víctimas que pueden resultar perjudicadas por el archivo provocado por la imposibilidad de concluir la investigación", subraya la UPF.

Añade que esta medida también puede afectar a los investigados porque "puede sufrir la consecuencia de que diligencias de investigación que le benefician resulten nulas".

Por otro lado, la UPF hace hincapié en que el verdadero problema son los "medios" y no los "plazos". "Deberemos explicar a la ciudadanía por qué puede dejar de investigarse un delito que no ha prescrito", recalca, al mismo tiempo que defiende la necesidad de implantar un "sistema de justicia penal racional y coherente".

EQUIPARAR LOS PLAZOS DE INVESTIGACIÓN CON LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO

"¿Por qué el plazo de investigación de un delito no puede ser idéntico al de prescripción, que tiene en cuenta la gravedad y, por tanto, las necesidades procesales de su investigación y enjuiciamiento?", se pregunta la asociación.

Con todo ello, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa considera contrario al Derecho de la Unión Europea la fijación de plazos máximos de investigación en los estados nacionales cuando ha tenido que proteger sus propios bienes jurídicos.

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