UPyD pide libertad lingüística y dice que la política actual hace que "auténticos mediocres" copen altos cargos

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de UPyD por Bizkaia, Lidia Brancas, reivindicó hoy que el "cambio político" debe incluir "un cambio en política lingüística" que garantice "la libertad y la igualdad" en esta materia, para lo que apostó por derogar "las leyes y medidas que conculquen" los derechos de los ciudadanos. Asimismo, lamentó que la política lingúüística desarrollada hasta ahora ha permitido que "auténticos mediocres hayan copado las más altas magistraturas de nuestras instituciones y cargos públicos".

Acompañada por miembros de la candidatura de UPyD, Brancas dio lectura, frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao, a un manifiesto titulado 'Una política lingüística para la ciudadanía', en el que la formación defiende que "son los ciudadanos los que tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni las lenguas". Por ello, señala, "los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos en la Administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir hablantes forzosos".

En esta línea, plantea que, en las comunidades bilingües, "es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país". No obstante, precisa que esta "aspiración" debe ser "solamente estimulada" y no "impuesta".

"Y eso está sucediendo en esta tierra, durante mucho tiempo en el País Vasco nos hemos mantenido en silencio ante una política lingüística que ha permitido que auténticos mediocres, cuyo único mérito frente a los demás es tener el euskera como lengua materna o haber aprendido a hablarla, hayan copado las más altas magistraturas de nuestras instituciones, cátedras, cargos públicos, institutos, escuelas y medios de comunicación", lamenta.

De este modo, advierte de que "la ideología nacionalista del actual Gobierno vasco pretende convertir al euskera en la lengua que defina quién es vasco y quién no lo es, y que certifique la existencia de una nación vasca originaria, de rasgos culturales plenamente uniformes y provista de derechos políticos".

UPyD censura tanto el proyecto del Ejecutivo autonómico en materia de política lingüística como "el conformismo de quienes dicen oponerse al mismo pero aprueban una y otra vez los presupuestos para tal fin".

La formación critica que "el nacionalismo gobernante" pretende "relegar" al castellano "a la condición de lengua de segunda" e insiste en que "una caosa es la defensa del euskera, como lengua minoritaria, y otra conculcar derechos lingüísticos de los hablantes del castellano so pretexto de implementar medidas de discriminación positiva". "Esa es la línea roja que nunca debe traspasarse", reivindica.

De este modo, afirma que exigir "en proporción desmesurada" conocimientos de euskera a "funcionarios, empleados y profesionales que no los van a necesitar" en su puesto de trabajo es "una práctica discriminatoria e injusta".

COMBATIR ABUSOS Y VENTAJISMOS

En este sentido, señala que "reclamar la libertad lingüística en Euskadi es pedir que las distintas oposiciones a puestos de trabajo públicos no se transformen en una carrera lingüística que absorba innecesariamente los esfuerzos intelectuales de los opositores", así como "combatir aquellas normativas que sólo generan abusos, discriminaciones y ventajismos amparados en la lengua".

"La libertad que reclamamos incluye la libertad de elección lingüística no sólo en la escuela, sino en todos los ámbitos de la vida laboral y social, sin que nadie interfiera en el derecho de los hablantes a elegir y hacer uso de la lengua o lenguas que prefiera", defiende.

De la misma forma, afirma que cualquier ciudadano vasco tiene derecho a ser atendido en las instituciones tanto en euskera como en castellano, lo que implica que "en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello" pero no que todos los empleados deban tener esta capacitación.

Por todo ello, considera que "cualquier cambio político tiene que inscribir en su programa un cambio en la política lingüística que garantice la libertad y la igualdad lingüística de todos los ciudadanos en el acceso a la escuela y la vida laboral y social, sin imposiciones, derogando las leyes y medidas que conclulquen derechos lingüísticos de los ciudadanos".