VITORIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario vasco de Unión Progreso y Democracia, Gorka Maneiro, ha presentado dos iniciativas para que la Cámara vasca "condene la historia criminal de ETA" y para que se avance en la "resolución de los 326 crímenes cometidos por la banda que todavía no han sido esclarecidos".
En un comunicado, Maneiro ha explicado que la primera de las iniciativas propone que el Parlamento vasco "condene a ETA y su historia criminal y renueve su firme compromiso en lograr la disolución incondicional y definitiva de la banda terrorista, a la que exige, además de que entregue las armas, que reconozca el daño causado".
Asimismo, la propuesta planteada por UPyD insta a la Cámara a "renovar su compromiso con las víctimas del terrorismo", así como a "mantener viva su memoria, hacer justicia y evitar que se produzca ningún tipo de impunidad o injusticia".
"A los representantes políticos democráticos nos toca recordar la verdad de los hechos ocurridos, hacer memoria, defender la Justicia, impedir que sea posible ningún tipo de impunidad para los terroristas, evitar cualquier cambalache antidemocrático o negociación política con la banda, defender la dignidad y memoria de las víctimas y de la sociedad y lograr la derrota incondicional y definitiva de ETA y de su proyecto político antidemocrático", ha añadido.
"CRÍMENES SIN RESOLVER"
La segunda iniciativa presentada por UPyD hace referencia a la necesidad de "esclarecer los 326 crímenes de ETA que todavía están sin resolver, de modo que las víctimas puedan recibir la justicia que se merecen".
La proposición emplaza a los gobiernos central y vasco a que se "comprometan" a llevar cabo todas las actuaciones necesarias para promover "la resolución y revisión de los crímenes cometidos por ETA no resueltos, de modo que se pueda acabar con cualquier tipo de impunidad que socave la dignidad de las víctimas del terrorismo y de la sociedad".
A su vez, insta al Fiscal General del Estado a "revisar los asesinatos de la banda no resueltos" y a que se "obligue" a los presos a "colaborar" con la Justicia como condición para poder acogerse a beneficios penitenciarios.