MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comunidades Autónomas de Valencia y Madrid pidieron hoy al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, iniciar la implantación de la nueva Oficina Judicial, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario, a través de experiencias piloto con el objetivo de facilitar su puesta en marcha.
La consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León Guardiola, trasladó al ministro la intención por parte de su departamento de iniciar la experiencia piloto en el partido judicial de Castellón, aunque reconoció que su desarrollo es "muy costoso", según explicó al término de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada hoy en Madrid.
Sánchez de León indicó que la comarca valenciana reúne unas "condiciones específicas", ya que la cárcel de Albocàsser no constituye "un partido judicial en sí mismo". Esto obliga a las autoridades valencianas a desplazar continuamente a presos "desde la penitenciaría al juzgado", trayecto que no se realiza en buenas condiciones "por la carretera y por la larga distancia".
No obstante, recordó que para que esto se lleve a cabo es preciso que el Ministerio de Justicia autorice la creación de un nuevo secretario judicial en la Comunidad. Asimismo, informó de que Caamaño aceptó su petición de crear Comisiones de Trabajo Interterritoriales, ya que estos temas "no se pueden debatir sólo dos veces al año debido a su calado técnico".
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, trasladó también al ministro su intención de comenzar "tras el verano" dos experiencias pilotos en la Comunidad para facilitar la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial.
Además, le reclamó que se haga una "aportación económica extraordinaria" para afrontar el esfuerzo adicional de inversión que supondrá la implantación del nuevo modelo judicial, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
COMPATIBILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO JUDICIAL
Asimismo, Granados propuso la necesidad de crear una plataforma para hacer compatibles los sistemas informáticos que se implantarán en los diferentes juzgados de toda España para que estén interconectados. Esta plataforma se implantaría con cargo de un 20 por ciento de un depósito que el Ministerio creará el próximo 9 de julio.
Por último, Granados expresó la sintonía del Gobierno regional con el resto de comunidades autónomas para impulsar una reforma de la asistencia jurídica gratuita "sin lesionar este derecho", y con la finalidad de "racionalizar el abuso excesivo de este servicio", que cuesta a la Comunidad 50 millones de euros al año.
En este sentido, el consejero de Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, también valoró la disposición del nuevo ministro y resaltó su actitud para llevar adelante "varias de las reclamaciones" que le presentaron de manera "unánime" las autonomías.
Al mismo tiempo, las comunidades solicitaron una agilización de los trámites relativos a las competencias de ejecución y gestión en materia del personal, como las plazas y pruebas de selección, que hasta ahora son competencia del Estado.
