Los acusados mantienen su inocencia y aseguran en su derecho a la última palabra que han sido cuatro año de "ataque a la dignidad"
MÁLAGA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juicio a dos exmandos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, Carlos F. y Alfredo M., por presuntas irregularidades en el ejercicio de su trabajo, y en el que hay una tercera persona acusada, ha quedado este jueves visto para sentencia de la Sección Novena de la Audiencia de Málaga, tras la última palabra dada a los procesados.
Así, en su derecho a la última palabra, Carlos F. ha pedido disculpas tanto a la Sala como al representante del ministerio fiscal por algunos comentarios y ha asegurado que es una persona que ha trabajado mucho y aunque haya podido "cometer errores", nunca ha tenido problemas. Además, ha indicado que "no hay otra verdad" que lo que ha dicho de los hechos por los que se le ha juzgado.
Por su parte, Alfredo M. ha afirmado que han sido cuatro años de "ataque a la dignidad" y entiende que "todo ha sido exagerado". Ha asegurado ser una persona "honrada" y que "jamás he querido tener algo que no tenía" y ha criticado la investigación hecha por Asuntos Internos, en la que "se ocultaron" determinadas conversaciones, ha dicho, añadiendo que "no vale hacer un puzzle falseando las piezas".
La Fiscalía Anticorrupción rebajó la petición de pena para los dos exmandos policiales. Así, pasó de solicitar 19 años a 12 años de prisión en el caso de Carlos F. y de ocho a cuatro años de cárcel, en el caso de Alfredo M. Las defensas de ambos y también la del tercer acusado, para el que piden cuatro años de cárcel, han solicitado la absolución y han vuelto a pedir la nulidad de escuchas telefónicas.
El ministerio público retiró algunos hechos, aunque mantuvo la acusación contra Carlos F. por malversación de efectos públicos y falsedad de documento, en concurso; por quebrantamiento de condena y por detención ilegal, solicitando, a parte de la pena de prisión, 16 años de inhabilitación absoluta, 14 años de suspensión y dos años de suspensión de cargo público.
En el caso de Alfredo M., se le acusa de omisión del deber de perseguir delitos, malversación de uso y cohecho, por los que la acusación fiscal pide, además de la pena de cárcel, ocho años de inhabilitación especial, dos años de suspensión de cargo público y otros dos años de suspensión. No obstante, retiró la acusación por tenencia ilícita de armas y algunos hechos iniciales.
El fiscal sostuvo que ambos exmandos actuaron de forma irregular en intervenciones policiales en las que participaron, supuestamente quedándose con objetos requisados en registros, como un reloj o un televisor; por no actuar para detener al tercer acusado, alegando que era confidente; por presuntamente provocar una operación de venta de drogas, en el caso de uno; o por intentar obtener un beneficio haciendo una investigación privada, en caso del otro.
Las defensas solicitaron en el trámite de cuestiones previas, y lo han vuelto a hacer en sus informes, la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas en la instrucción, al considerar que fueron "prospectivas, buscando ver qué delitos se encontraban". Esta petición de nulidad fue extendida por una de las defensas a toda la causa, al estimar que está "viciada desde el origen".
