Critica que el juez acordase el archivo dando "credibilidad" a su declaración judicial
MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Vox ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que vuelva a imputar al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en el 'caso Neurona' al considerar que el exdirigente "no ha acreditado la realización de los trabajos supuestamente elaborados".
En un recurso, recogido por Europa Press, la formación pide revocar el auto por el que el juez Juan José Escalonilla acordó sobreseer la causa para Monedero al asegurar que no existían "indicios de que intermediara ni tuviera participación alguna en la contratación llevada a cabo por Unidas Podemos en fecha 27 de febrero de 2019 con la mercantil Neurona Comunidad S.L., ni por tanto con el trabajo de consultoría electoral llevada a efecto en base a dicho contrato por Neurona Consulting SA de CV".
Monedero figuraba como imputado en el procedimiento por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia" por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.
En su recurso, Vox sostiene que el magistrado no "expone por qué entiende que, a pesar de los indicios de participación en la comisión delictiva de Monedero, recogidos, entre otros" en un informe "de Fiscalización de las Contabilidades de las Elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019 del Tribunal de Cuentas, se acuerda el sobreseimiento respecto al mismo, más allá de dar credibilidad a lo expuesto por el investigado en su declaración".
A juicio del partido liderado por Santiago Abascal la resolución debe modificarse. "Bien por: a) se realiza un análisis que excede
del momento procesal que nos encontramos (si se mantiene que el motivo de descartar la participación del investigado es su mera declaración en fase de instrucción) o b) existen indicios suficientes de participación en la comisión delictiva para mantener el status procesal de investigado (sin perjuicio de que, en fase de juicio oral, se sometan dichos indicios a los principios de inmediación y contradicción)", argumenta.
SIN RESPUESTA A LAS DILIGENCIAS
Sin embargo, Vox insiste en que "no cabe acordar el sobreseimiento solo con base en las explicaciones dadas por el investigado, cuya declaración sigue manteniéndole de manera activa en las conductas investigadas".
Además, la formación afirma que en el auto "tampoco se da respuesta a las diligencias practicadas durante la instrucción, que permiten mantener la existencia de indicios suficientes para acordar la apertura de juicio oral".
"Por ejemplo, el informe de la UDEF de fecha 4 de marzo de 2022 concluye que, a pesar de las explicaciones ofrecidas por Monedero, se trataría de una factura falsa, realizada ad hoc, para justificar el cobro de más de 26.000€, que sería la comisión que se habría llevado el investigado por una supuesta labor de consultoría que no ha sido
acreditada", aduce.
Vox incide que "en dicho informe se valora, también, la documentación aportada por el investigado, valorándose la misma exponiendo que 'tratan íntegramente sobre conferencias y ponencias realizadas en México, Argentina y Colombia, no siendo hallados vínculos con la mercantil Neurona'".
EL INTERCAMBIO DE CORREOS
"A pesar de ello, el juez instructor, en un adelanto más de la fase procesal, da credibilidad a una serie de correos electrónicos intercambiados entre Juan Carlos Monedero y Andrea Edlin --una de las fundadoras de Neurona-- que podrían deberse a una cobertura premeditada de una situación delictiva", añade.
Vox sostiene que "entender que del mero intercambio de correos electrónicos entre ambos se entiende justificada la labor de asesoría o consultoría implicaría el absurdo, si se permite la expresión, de que cualquier falsedad documental sería desvirtuada con el envío de un correo electrónico previo dando amparo a dicha factura".
Y es que, continúa la formación, "lo cierto es que" Monedero "no ha acreditado la realización de los trabajos supuestamente elaborados, a pesar de que, de ser cierto, sería de muy fácil actividad probatoria". "Lo contrario no infiere sino la presunción de que la actividad de consultoría o asesoría no sería cierta y, en consecuencia, sería simulada, dando cobertura a una conducta delictiva", concluye.
