Creen que "es el momento de la investigación" y ven como ejemplo la instrucción del 11-M por la admisión de pruebas y la actitud del juez
MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 presentó hoy en la Audiencia Nacional el recurso de apelación contra el auto por el que el juez Fernando Grande-Marlaska archivó la investigación sobre una posible imprudencia del Ministerio de Defensa en la contratación del avión de fabricación soviética que se estrelló en Trabzon el 26 de mayo de 2003.
En rueda de prensa en Madrid, el abogado que representa a la asociación, Leopoldo Gay, aseguró que el auto dictado el pasado 1 de junio es "precipitado", "confuso", "no pormenoriza en los datos que obran en autos" y "rechaza pruebas" solicitadas hace más de un año por los familiares.
El letrado subrayó que los familiares del Yak-42 se miran "al espejo" de otra instrucción en la que el magistrado ha mantenido otra actitud al visitar la zona de los hechos y aceptar toda una serie de testimonios pruebas, en clara referencia a la instrucción sobre el atentado del 11 de marzo de 2004.
Por su parte, el presidente de la asociación, Pacho González Castilla, indicó que los cuatro años posteriores al accidente en Turquía les han servido a los familiares para, después de haber visto cerradas las puertas del Ministerio de Defensa por su negativa a investigar lo sucedido, "conocer nuevos documentos y quejas sobre el peligro de la aeronave" y ver cómo un tribunal de Zaragoza reconoce este extremo.
González Castilla subrayó que la Audiencia Nacional ha decidido cerrar esta investigación sin estudiar "muchas evidencias" que se han conocido durante los últimos tres años, lo que ha que hecho sentir a los familiares "desamparados jurídicamente".
"La Audiencia Nacional decidió archivar el caso sin que se hayan tenido en cuenta muchas evidencias que hoy conocemos. Por eso, los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42 nos sentimos jurídicamente desamparadas al privarnos de nuevo de una investigación. Creemos que el Ministerio de Defensa tenía la obligación moral de investigar lo sucedido aunque no lo hizo pero, sin duda, el deber de la justicia no sólo moral sino ineludible es hacerlo, utilizando para ello todos los medios y escuchando a todas las partes y nos preguntamos por qué no se hace", explicó.
En este sentido, el abogado de las familias rebatió la afirmación del auto de archivo referente a la capacidad técnica del Yakovlev-42 recordando las catorce quejas anteriores al accidente, los informes elaborados a este respectos por el Ejército del Aire y el de Tierra y la propia sentencia del tribunal de Zaragoza que consideró que esa aeronave no debería haber iniciado el vuelo.
Leopoldo Gay denunció que la resolución de Grande-Marlaska incluye además un error significado, al citar como imputados en la investigación sobre la contratación a los generales Beltrán y Navarro, encargados en realidad del proceso de identificación de los 62 cadáveres de militares españoles.
Gay incidió en que confía en que la Sala de lo Penal, el órgano que decidirá sobre esta apelación, mantenga el criterio que ya explicitó en junio 2004, cuando aceptó su recurso para que el juez que entonces llevaba el caso no lo archivara.
El letrado de la asociación afirmó que lo que piden sus representados es conocer la verdad y que se realice una instrucción con todos los testimonios y todas las pruebas necesarias para establecer las responsabilidades por "un delito de omisión del deber de garante". "Es el momento de la investigación en la instrucción", le completó el presidente de la asociación.
Después de que González Castilla reconociera que los familiares consideran como "un paso atrás" el cierre de la investigación sobre la contratación, el abogado de la asociación explicó que sus representados "mantienen intacta su confianza" en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
