Asegura que practicar la extorsión va "en contra de sus principios"
MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Carmelo Luquin, yerno del dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, ha negado este lunes haber participado en la distribución de cartas de extorsión de ETA para el cobro del 'impuesto revolucionario', y ha asegurado que va "en contra de sus principios" y que sólo ha remitido cartas "de los quintos" y "felicitaciones de Navidad".
Luquin ha declarado durante la primera jornada del juicio que celebra la Audiencia Nacional contra el aparato de extorsión de la banda terrorista encargado de extorsionar a industriales y empresarios que desarrollaban su actividad especialmente en el País Vasco y en Navarra y que tenía su "centro neurálgico" en el 'Faisán', en el que el 4 de mayo de 2006 se produjo un chivatazo policial que desbarató la operación que dirigía el juez Fernando Grande-Marlaska.
Ha agregado que "nunca" creyó que su suegro, fallecido el pasado año, formara tampoco parte del aparato y le ha descrito como una persona "activa" y "parlanchina", que siempre andaba "creando sus propias aventuras". "Metía muchas bolas", ha precisado.
El yerno de Elosúa ha recordado el viaje a Francia realizado junto a él, supuestamente para avisar de una posible detención al presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur, después de que el dueño del bar fuera alertado de que iba a desarrollarse una operación policial en su contra.
El comisario de Policía Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros fueron condenados por esta delación a 18 meses de cárcel y a cuatro años de inhabilitación en una sentencia dictada en octubre de 2013 por la Audiencia Nacional, confirmada un año después por el Tribunal Supremo y recurrida ante el Constitucional.
Luquin ha indicado que llevó a su suegro a Francia porque no le vió capacitado para conducir, ya estaba "muy nervioso", y que allí se encontraron con Cau Aldanur al que Elosúa quería advertir que no debía pasar por el Faisán y al que entregaron unos periódicos. No entendió la conversación que ambos mantuvieron ya que hablaban en euskera que él no entiende a penas.
Otros cuatro acusados de distribuir misivas dirigidas a recaudar el impuesto revolucionario, todos ellos de más de 65 años, han negado también tener relación con ETA. Jean Pierre Haracorene, Emilio Castillo e Ignacio Aristizabal han atribuído el intercambio de sobres y las llamadas que la Fiscalía relaciona con el aparato de extorsión al reparto de entradas para partidos de pelota vasca, la compra de vino para sociedades gastronómicas o la contratación de publicidad.
Haracorene ha precisado que trabajó toda su vida como periodista deportivo y que su única relación con la extorsión fueron sus intentos para que algunos afectados no pagaran. El acusado, que mantenía una relación de amistad con Elosúa, ha asegurado que era un hombre de "una incontinencia verbal y una imaginación sin límites".
Por su parte, Castillo ha contestado con una carcajada a la pregunta de su abogado de si dirigía una gestoría para canalizar el cobro del impuesto y ha negado haber extorsionado al cocinero Arzak.
En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público pide la pena más alta, de ocho años de cárcel, para , Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Haracorene Camio y Emilio Castillo González de Mendivil, a los que atribuye un delito de integración en organización terrorista por trasladar desde Francia las cartas de extorsión de la banda y gestionar los pagos del llamado 'impuesto revolucionario'.
Además, reclama que el yerno de Elosua, José Carmelo Luquin, así como Ignacio Aristizabal sean condenados a seis años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista, al haber participado en la distribución de las cartas de extorsión y otros trámites para asegurar los pagos.
La causa se seguía contra otras dos personas, Jesús Iruretagoyena y Alfonso Martínez de Lizarduy pero el primero de ellos ha fallecido y el segundo ha quedado apartado de la vista oral debido a que padece una avanzada demencia.
CINCO CONSEJEROS DE AZKOYEN
El fiscal también atribuía un delito de administración fraudulenta, penado con seis meses de prisión, a cinco miembros del consejo de administración de la empresa de máquinas expendedoras Azkoyen: Jesús Marcos Calahorra Muñoz, José María Careaga Meavenzorena, Francisco Elizalde Golzaraz, Ricardo Armendáriz e Ignacio Moreno Purroy.
No obstante, los miembros de la compañía no se han sentado, finalmente, en el banquillo de los acusados ya que la Audiencia Nacional se ha inhibido a favor de los juzgados navarros para que investiguen si efectuaron pagos a la banda.
AL CARGO DE OLARRA GURIDI
El origen de la investigación del aparato de extorsión de ETA --conocido internamente con las siglas GEZI, 'punta de lanza' en euskera, y dependiente del entonces número uno de la organización Juan Antonio Olarra Guridi--, se sitúa en la detención en 2001 del responsable de logística de la banda Asier Oyarzabal Chapartiegui, a quien se intervino una carta de extorsión y dinero procedente de la extorsión.
En sus comunicaciones internas la banda reflejaba "las personas o entidades contra las que atentar, como objetivos de carácter económico", que sólo eran sacados de las listas bien cuando pagaban la cantidad exigida, de una sola vez o de manera fraccionada, o bien cuando aseguraban haber iniciado las negociaciones para abonar el pago.
