Aralar presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de ley foral de Servicios Sociales

Aralar ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley foral de Servicios Sociales elaborado por el Gobierno ya que, entre otras cosas, considera que el derecho a acceder al sistema de servicios sociales no se plantea de manera universal. Según dice, se encuentra "restringido" por la nacionalidad o la situación administrativa.

La parlamentaria de Aralar Miren Egaña presentó esta mañana, junto al también parlamentario Txentxo Jiménez, la enmienda a la totalidad que solicita la devolución del Ejecutivo del proyecto de ley, enmienda que será debatida en el pleno de la Cámara del próximo 9 de noviembre.

Según Aralar, la ley no garantiza los servicios sociales sino la disponibilidad de los mismos y rechazó igualmente que no se haga referencia explícita a las entidades locales, "lo que nos parece fundamental", y sí haga referencia a la iniciativa privada.

La parlamentaria indicó, a este respecto, también que en el proyecto se define sistema público de servicios sociales como los servicios prestados directamente por las administraciones públicas así como los prestados a través de entidades de iniciativa privada; lo que no ocurre en otros pilares como sanidad y educación.

En la rueda de prensa, Miren Egaña censuró que en la prestación de servicios técnicas y económicas se distinga entre garantizadas y no garantizadas. "Como derecho subjetivo sólo serán exigibles las garantizadas, por cierto, sin definir en todo el texto del proyecto, por lo que entrada en contradicción con el principio de universalidad", dijo. Y añadió que en el proyecto se definen las prestaciones económicas pero en ningún momento se habla de carácter de "excepcionalidad".

A su juicio, existe además "confusión" en lo referente a qué es un catálogo de prestaciones y una cartera de servicios. Según Egaña, en el proyecto sólo se habla de cartera de servicios y su aprobación, dijo, queda además aplazada para un posterior desarrollo reglamentario que aprobará el Gobierno mediante decreto. "No parece coherente con un proyecto de ley que se supone va a tener un gran importancia en los próximos años", indica la enmienda.

En cuanto a la estructura del sistema público de servicios sociales de base, Egaña criticó que el proyecto no explicita que su gestión deberá ser pública y directa, "lo que consideramos fundamental", dijo. Y agregó que tampoco hay mención al tipo de gestión, "que debería ser también pública y directa", de los centros de servicios sociales.

Para la parlamentaria de Aralar, la ley tiene que garantizar una financiación y contemplarla claramente y sin embargo, expone la enmienda, el proyecto incide más en la consignación presupuestaria anual que en la garantía de la financiación.

En este ámbito, Miren Egaña censuró una "indefinición absoluta" del proyecto en lo referente a la participación de los usuarios en la financiación (copago). Lo deja todo, añadió, al desarrollo reglamentario. "A nuestro entender todos los programas de los servicios sociales de base deben ser gratuitos", defendió.

Habló también de las sanciones y consideró necesario que se clarifique el tipo de infractores al igual que las cuantías, como sí está previsto en la Ley de Dependencia. Y sobre los profesionales, Egaña dijo que en el proyecto aparece como muy importante el profesional de referencia pero "no se define su perfil ni tampoco los ratios de personal necesarios en los servicios sociales de base, especializados ni la plantilla necesaria en el departamento de Bienestar Social y entidades locales para desarrollar la ley".

INFORME DE COMPTOS

Pregunta por la opinión de Aralar sobre el informe de Comptos referente a Bienestar Social, Miren Egaña mostró su discrepancia con la argumentación realizada ayer por el portavoz del Gobierno, Alberto Catalán, que dijo que el informe contenía "valoraciones políticas". "Parece que a la derecha en cuanto no les gusta lo que se dice critica al mensajero, sin darse cuenta que los que han tenido fallos en la gestión son ellos", dijo.

A este respecto, Txentxo Jiménez señaló que la Cámara de Comptos "evidencia" la "caída" de la inversión en Bienestar Social en un momento económico con superávit. "Ello define la apuesta del Gobierno", indicó.

Finalmente, Egaña indicó que su grupo ha solicitado en el Parlamento un informe jurídico a los servicios de la Cámara sobre si la Ley de Dependencia contienen disposiciones que invadan las competencias propias de Navarra.