La comisión de investigación del Parlamento de Navarra determina que no han quedado acreditadas prácticas corruptas

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles el dictamen en relación con las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno foral o financiadas por éste en el periodo comprendido en las cuatro últimas legislaturas; unas conclusiones, aprobadas a instancias de PSN, EH Bildu y Geroa Bai, que proclaman que no ha quedado acreditada la existencia de prácticas corruptas por parte de responsables políticos, funcionarios o empresas adjudicatarias en relación con los expedientes analizados.

El documento aprobado integra las conclusiones generales suscritas conjuntamente por PSN, EH Bildu y Geroa Bai, y las recomendaciones elevadas por estas tres formaciones más Contigo-Zurekin, que han sido rechazas por UPN, PPN y Vox. Las aportaciones de los cuatro grupos por separado no han salido adelante, como tampoco las de UPN, PPN y Vox. En concreto, éstas últimas con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que las de estas cuatro formaciones, con los votos en contra de UPN, PPN y Vox y las abstenciones del resto.

El plazo habilitado para el mantenimiento de las conclusiones desestimadas como votos particulares concluye este próximo viernes, día 12, a las 12 horas.

Según el informe consensuado por los grupos, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria durante casi un año no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

No obstante, se constata la existencia de "irregularidades y deficiencias procedimentales" en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate. Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

En el capítulo de recomendaciones, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin plantean la adopción de un conjunto de medidas orientadas a reforzar la integridad, la transparencia y los mecanismos de control en la contratación pública de la Comunidad Foral. Entre las propuestas principales figura la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública y la modificación de la ley foral de Contratos Públicos.

UPN por su parte exponía, en sus conclusiones rechazadas, que los trabajos de la comisión han reforzado los indicios sobre la posible existencia de una trama de influencia y adjudicación irregular de contratos públicos vinculada a las empresas Servinabar y Acciona, en el marco de las investigaciones que actualmente desarrollan la Guardia Civil y los órganos judiciales competentes.

Tras la aprobación del dictamen en el seno de la comisión de investigación, será elevado al pleno de la Cámara del día 18 de junio para definitivo debate y votación.

En el turno de los grupos, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "hay comisiones de investigación que nacen para investigar y hay otras comisiones parlamentarias que nacen para proteger". A su juicio, han aumentado los indicios "que apuntan a posibles prácticas corruptas" y "María Chivite tiene una responsabilidad política clara en todo lo ocurrido, por acción o por omisión, al permitir operar a una red presuntamente corrupta ligada a Santos Cerdán y al no actuar ante las advertencias y los indicios". "Según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España", ha dicho, para afirmar que "la adjudicación de Belate es el paradigma de este modus operandi que la trama utiliza por todo nuestro país".

El socialista Javier Lecumberri ha señalado que el PSN está "muy satisfecho" de que "se haya llegado a un momento en el que podemos afirmar que no hemos hallado indicios de corrupción, injerencias o participación política en ninguna de las adjudicaciones". Ha dicho a UPN, PPN y Vox que "mucho relato político, mucho análisis político, con claras intenciones políticas, pero poco hablar de la comisión". "No ha quedado confirmada ninguna de sus teorías, siguen siendo teorías, conjeturas, analogías con otras situaciones, pero ningún hecho concreto", ha expuesto, para indicar que "la pregunta que se hacen los navarros es que, si ha pasado solamente el 10% de lo que dicen ustedes que ha pasado en sus dictámenes, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola de esas obras investigada en un juzgado?".

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha comentado que "no se puede acreditar, a la vista de los trabajos realizados por la comisión, la existencia de prácticas corruptas". "A pesar de la gravedad de las sospechas iniciales y del contexto judicial, entendemos que no se han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, de reparto de comisiones, apropiaciones de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflictos de intereses", ha dicho, para señalar que "ello no nos impide constatar la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos y en especial lo decimos en la licitación del túnel de Belate".

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha insistido en que "los trabajos desarrollados en la comisión no han permitido acreditar prácticas corruptas por parte de responsables políticos ni de personal de la Administración foral en los expedientes investigados". "La comisión ha sido útil, ha permitido conocer y arrojar luz sobre actuaciones que habían generado preocupación social y también política", ha manifestado, para opinar que "se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos".

El portavoz del PPN, Javier García, ha criticado que se ha visto en la comisión a "un Partido Socialista mucho más preocupado por defenderse políticamente que por esclarecer los hechos, pero tan preocupante es la actitud del PSN como la actitud de sus socios, quienes hablan de transparencia, exigen responsabilidades, y han demostrado todo lo contrario, han actuado durante toda la comisión como escuderos del Partido Socialista". Ha mostrado la "preocupación" por el mensaje que trasladan en sus conclusiones al "minimizar la gravedad de los hechos".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha destacado que "es la primera vez en la historia en esta Comunidad foral que la misma mayoría que sostiene un Gobierno impulsa una comisión de investigación". "No estamos de acuerdo con los relatos políticos de la derecha", ha expuesto, para reconocer que "no todo se ha hecho bien, hay comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública y, por tanto, muy graves y que debemos corregir". "Hay evidencias de una falta de ética política y también empresarial", ha apuntado.

Finalmente, Emilio Jiménez, portavoz de Vox, ha opinado que "la investigación va a seguir seguramente en otros foros". En su opinión, la comisión ha sido "un auténtico teatro" y "no asombra el descaro con el que viene aquí el Partido Socialista". Ha criticado, además, a los partidos que "arropan" al Gobierno foral, "auténticos palmeros, guardaespaldas y protectores con intereses espurios". "Esta comisión más el contexto general de los casi infinitos casos criminales son un presagio que no anuncia nada bueno para Navarra", ha expuesto, para pedir la dimisión la presidenta Chivite.