PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Comptos ha elaborado un informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de Pamplona en el que establece como "prioritario" que las inversiones proyectadas "estén avaladas por estudios de viabilidad y rentabilidad, priorizando las que favorezcan el incremento de la actividad económica o sirvan para crear empleo".
Además, el órgano fiscalizador considera "necesario revisar la ponencia de valoración para modificar la calificación rústica de los terrenos correspondientes a los últimos desarrollos urbanísticos" y aboga por "potenciar el control interno como instrumento necesario para mejorar la gestión económica".
El informe, que hace referencia al año 2011, señala, respecto a la situación económica, que el remanente de tesorería para gastos generales es negativo en 3,64 millones, aunque mejoró "significativamente" frente a los 21 millones negativos del ejercicio anterior.
Además, la evolución económica de los últimos cuatro años refleja un aumento de la deuda, situada en 72 millones en 2008 y en 105 millones a finales de 2011.
Al mismo tiempo, Comptos observa "una importante disminución de las inversiones", que cayeron un 43% respecto al ejercicio de 2010. Los ingresos tributarios, por el contrario, han aumentado "ligeramente" y el Ayuntamiento "ha recuperado liquidez, debido sobre todo a la deuda concertada en 2011".
El informe señala que ese año el Ayuntamiento de Pamplona y sus entes dependientes gastaron 229 millones e ingresó 253. Los gastos más importantes corresponden a personal, con 82 millones; compras de bienes corrientes y servicios, con 72 millones; e inversiones, capítulo al que se destinaron 46 millones. En cuanto a ingresos, las transferencias corrientes sumaron 91 millones, los impuestos directos 49 millones y las tasas y precios públicos 30 millones.
Analizada la cuenta general, el informe señala que expresa la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 2011, con una salvedad referida a no haberse registrado en el balance la provisión de las obligaciones derivadas del sistema de pasivos, que supone unos 21 millones anuales en el periodo 2011 a 2019.
En cuanto a la legalidad, la actividad económico-financiera del Ayuntamiento "se desarrolla, en general, de acuerdo a la normativa vigente".