La directora de Transportes dice que firmó la continuidad de las obras de Belate "en defensa del interés general"

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Navarra, Berta Miranda, ha afirmado este martes que firmó una instrucción para continuar con la ejecución de las obras del túnel de Belate según la solución técnica del proyecto del modificado número 1 hasta que se buscase una solución alternativa y ha asegurado que lo hizo "en la defensa del interés general" y tras realizar una consulta jurídica que recibió respuesta favorable.

Miranda ha comparecido en el Parlamento de Navarra a petición de UPN para informar sobre su participación en los expedientes de las obras de los túneles de Belate. Se da la circunstancia de que la directora general de Transportes no tiene la competencia sobre esta obra pero sí tuvo que compatibilizar su cargo con el de directora general de Obras Públicas -de la que depende Belate- durante dos meses, desde el 2 de diciembre de 2025 hasta el 4 de febrero de 2026, entre el cese del anterior director general de Obras Públicas y el nombramiento de la nueva titular.

Miranda ha asegurado que su ámbito de actuación "se circunscribió a dar trámite a las cuestiones que me indicaron como imprescindibles por los servicios técnicos y jurídicos del Gobierno de Navarra".

Con relación al expediente de las obras del túnel de Belate, ha afirmado que su intervención fue "limitada". "En concreto, mi labor se limitó a firmar la resolución 466/2025 de 24 diciembre por la que se aprueban las certificaciones desde la Nº14 hasta la Nº 20 de obras contenidas en el proyecto de construcción 'Duplicación del tunel de Belate' y se dispone su abono. Lógicamente, a la firma le precede el visto bueno de los técnicos", ha explicado.

Además, ha indicado que el 31 de diciembre firmó una instrucción para "continuar con la ejecución de las obras según la solución técnica del proyecto del modificado número 1 hasta que se buscase una solución alternativa a este tal y como se ha hecho público por parte del Gobierno de Navarra en reiteradas ocasiones, a fin de no causar un grave perjuicio para el interés público".

Sobre esta decisión, Miranda ha señalado que "la instrucción, como todas las de este tipo, tiene su origen en los servicios técnicos del Departamento de Cohesión Territorial y de la Dirección General de Obras Públicas, esto es, la instrucción se elaboró y me fue remitida por los funcionarios públicos de la dirección de Obras Públicas". "Además, antes de firmar la instrucción, y dado que estaba realizando una suplencia en la Dirección General de Obras Públicas y que no he participado en el proceso de la tramitación de este proyecto, sí consulté expresamente sobre si jurídicamente era correcto el firmar dicha instrucción obteniendo respuesta afirmativa expresa", ha indicado.

Miranda ha explicado que su firma en estos expedientes se justificó en "la defensa del interés general", apoyándose en "la urgencia en la construcción del desdoblamiento de los túneles de Belate y Almandoz dada la situación de incumplimiento de la Directiva Europea desde el año 2004", y en motivos de seguridad vial, ya que la N-121-A es "una carretera con alta intensidad de tráfico y altos índices de siniestrabilidad".

Además, ha destacado que la instrucción también se basó en criterios "puramente técnicos". "El proyecto original no obtuvo las autorizaciones necesarias con relación al sostenimiento del terreno y procedimiento de excavación. Sin embargo, el proyecto modificado sí que cuenta con dichas autorizaciones tanto por la dirección de obra externa como por el Servicio de Minas del Gobierno de Navarra", ha indicado.

Berta Miranda ha señalado que, "además de los vistos buenos técnicos y jurídicos", como miembro del Gobierno de Navarra se debe "al cumplimiento de los objetivos políticos del actual Gobierno y, como se ha reiterado, el objetivo de este Gobierno de Navarra es dar solución a una infraestructura imprescindible para la Comunidad foral".

En definitiva, Miranda ha asegurado que la resolución que firmó sobre certificaciones de obras y la instrucción de continuidad de los trabajos eran "imprescindibles para que los expedientes en tramitación continuasen hasta que la nueva titular se hiciera cargo de la responsabilidad". "Ambas actuaciones las hice a propuesta de los técnicos del Departamento de Obras Públicas, personas profesionales y que siempre han velado por el interés general, y estos casos no han sido una excepción. La instrucción de 31 de diciembre de 2025 se justificó en la defensa del interés general y así se ha puesto de manifiesto en diversos informes de manera reiterada", ha indicado.

En el turno de los grupos, el portavoz de UPN, Pedro González, ha afirmado que la directora general no ha concretado "quién le dijo que firmara la orden de continuidad" de la obra. "Hemos pedido desde hace más de 15 días el expediente completo en el que conste ese informe jurídico que usted dice en relación a la decisión que tomó de firmar la orden de continuidad. No nos ha llegado. ¿Quién le había dicho que firmara? ¿Fueron las empresas las que le pidieron que firmara? No conocemos los informes técnicos de los que habla. ¿Quién fue la persona que hizo el informe jurídico? Para el PSN la prioridad número uno no era la seguridad, el progreso, acabar la obra, lo verdaderamente importante era que la UTE cobrase el aumento económico planteado en el modificado", ha asegurado.

Por parte del PSN, Javier Lecumberri ha señalado que la directora general ha comparecido en el Parlamento porque "le tocó en cumplimiento del reglamento suplir a una persona que se había ido hasta que llegara otra persona que iba a cumplir las funciones de directora general de Obras Públicas". "No es una cuestión de casualidad, es una obligación que tenía la directora general y es una fórmula solvente de intentar evitar que las obras que están en marcha se queden paralizadas. Gracias a eso no tuvimos situaciones como esa. El 31 de diciembre firmó una resolución absolutamente legal, salvo que lo diga alguien que no está en esta sala", ha indicado Lecumberri.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que su grupo esperaba que la directora general "dijera lo que ha dicho, una verdad de perogrullo" y ha señalado que UPN "está tratando de escarbar y escarbar", hasta "conseguir que alguien se haga responsable de esta instrucción" por la que se dio continuidad a la obra. Araiz ha señalado que la intervención de Miranda en esta cuestión fue "puramente accidental" y ha indicado que "el interés general en ese momento era el de seguir" con la obra.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, se ha referido a las dos resoluciones que firmó Miranda. "Entiendo que las certificaciones se pagaron conforme a los precios contenidos en el proyecto original y no hay mucho más que decir. Y sobre la continuidad de la obra, ha dicho que hizo esta instrucción con el asesoramiento jurídico y técnico permitente. No le voy a preguntar quién hizo estos informes, pero es adonde acabará llegando esta comisión y al menos UPN pedirá esta información", ha indicado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha considerado a Berta Miranda "responsable de la firma pero no la máxima responsable de la decisión". Por ello, le ha preguntado "a quién le consultó" para firmar, "si fue una consulta informal o formal, qué tipo de garantías legales le dieron, por qué no fue fiscalizada esa resolución". En todo caso, ha indicado que "parece difícil creer que nadie, parlamentarios incluido, pensara que la solución técnica" para dar continuidad a las obras "se hubiera remitido a la original" cuando la obra del túnel ya estaba avanznado conforme al modificado.