EH Bildu señala que "no se han detectado ni probado prácticas corruptas" en las adjudicaciones de obra pública

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha concluido que "no se han detectado ni probado practicas corruptas" cometidas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de funcionarios que hayan intervenido en las adjudicaciones de obra pública analizadas en la comisión de investigación del Parlamento foral; "lo que no significa que no hayan podido existir", algo que corresponde al ámbito judicial.

No obstante, apunta a "irregularidades y deficiencias" en la tramitación de algunos contratos, especialmente el de las obras de duplicación de los túneles de Belate, si bien "con la información disponible" no se puede "sostener" un "acuerdo corrupto entre cargos públicos y terceros".

Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez, y el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz, quien ha criticado las "limitaciones" a las que se ha enfrentado esta comisión, especialmente por la "concurrencia con procedimientos judiciales", que partieron del Tribunal Supremo, y que "ha limitado el alcance" de las conclusiones de esta comisión.

Araiz ha explicado que se ha alcanzado un acuerdo "a cuatro" entre los socios del Gobierno de Navarra y EH Bildu en cuanto a las recomendaciones para mejorar los procesos de licitación pública y un "acuerdo a tres" entre PSN, EH Bildu y Geroa Bai sobre las conclusiones. No obstante, ha apuntado que "la diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión", ya que hay grupos que "han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto".

En este sentido, ha indicado que, dado que los dictámenes se van a votar por separado, "podría suceder que se desestimaran todos porque no hubiera más votos a favor que en contra". Por eso, "entendimos que era conveniente, cuando menos en conclusiones y en recomendaciones, que nos pusiéramos de acuerdo, que garantizáramos que esas conclusiones acordadas y esas recomendaciones salieran adelante".

En su propuesta de dictamen, la coalición concluye que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en "prácticas corruptas" dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende "la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten" corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas "genera un contexto de sospecha" que, sin embargo, "no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas" de adjudicaciones públicas.

EH Bildu considera que no han aparecido "elementos probatorios directos" que apunten a "prácticas corruptas", no obstante señala que en la comisión se han constatado "vicios procedimentales" a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de "posibles incumplimientos de la normativa de contratación". Aun siendo "objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración", la coalición insiste en que "no se han acompañado de pruebas concluyentes" que acrediten un "pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados".

Finalmente, la formación concluye que no se han acreditado "injerencias políticas directas o indirectas" sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido "han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones" para "orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa".

La coalición sí ha constatado que se han producido "conductas discutibles" por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para "repensar puntuaciones", que "podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa", pero no las vincula a "directrices" de "instancias superiores". Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos "preocupados por el desarrollo de la licitación" que "puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso", pero sin probar "una orden expresa" para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

Así las cosas, las conclusiones de EH Bildu afirman que "con la información disponible, no puede afirmarse la existencia de injerencia política" en la actuación de la mesa de contratación de Belate. No obstante, reitera que "la ausencia de acreditación" no equivale a "la constatación positiva de que tales injerencias no existieran", debido a que las "limitaciones para la investigación impiden descartar con carácter definitivo lo que solamente la investigación judicial podría acreditar".

RECOMENDACIONES

Por otro lado, Irati Jiménez ha presentado un escrito de recomendaciones a raíz de lo conocido en la comisión de investigación, entre ellas la aprobación de un plan integral de contratación pública con una "revisión de pliegos tipo", un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones "sean de una manera suficientemente motivada" y "se garantice su privacidad hasta su registro independiente".

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones "se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible", la implantación de mecanismos "que detecten los posibles conflictos de intereses", "fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales", y establecer un protocolo de actuación "cuando existan indicios de corrupción".

La coalición plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para "aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento" de las mesas de contratación. Igualmente, propone "reforzar las obligaciones de publicidad activa" incluyendo en el portal de transparencia "las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber". También un "refuerzo de medios" en la Intervención General para que "pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo".

El documento recoge, a su vez, el "refuerzo" de los sistemas de contratación electrónica dirigido "asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento", y "consolidar la plantilla" de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.