El Gobierno foral inspeccionará más de 2.000 viviendas protegidas en 2009 y 2010 para comprobar que están ocupadas

Actualizado: viernes, 5 diciembre 2008 15:30

Según explicó el consejero Esparza, se controlarán además los inmuebles de infractores y otras 200 viviendas de forma aleatoria

PAMPLONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra inspeccionará más de 2.000 viviendas protegidas en 2009 y 2010 para comprobar que están ocupadas. Así lo expuso el consejero del Vivienda y Ordenación del Territorio, José Carlos Esparza, quien además añadió que se controlarán los inmuebles cuyos propietarios hayan sido sancionados en el año anterior y otros 200 más seleccionados de forma aleatoria.

Esparza ofreció esta mañana una rueda de prensa para presentar el Plan de control e inspección de vivienda 2009-2010, que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la ley en la promoción y edificación de las viviendas, así como en la adjudicación, la transmisión o cesión y el uso o destino de las viviendas protegidas. Precisamente en este último apartado, el de uso y destino de las viviendas protegidas, es en el que el Gobierno aumenta los esfuerzos en dicho plan. Para 2009 y 2010, el consejero anunció que se inspeccionarán 1.200 inmuebles por año durante los dos años de vigencia del plan.

En concreto, 1.000 de esos controles se efectuarán mediante el estudio de los consumos de agua, luz, gas y otros suministros de los compradores de vivienda protegida y 200 a través de las visitas de la Policía Foral para comprobar "in situ" si están ocupadas y si existen alquileres no visados. Asimismo, se inspeccionará el cien por cien de los inmuebles, cuyos adjudicatarios hayan sido sancionados en el año anterior, con el fin de comprobar si persiste su desocupación.

Esparza explicó que el objetivo es, por un lado, asegurar que las viviendas protegidas se destinan a domicilio habitual y permanente del propietario o arrendatario y que en ningún caso constituye una segunda residencia ni permanece desocupada; y por otro, "generar la conciencia social de que estas viviendas deben ocuparse".

Para la consecución de estos fines, y como medida complementaria, Esparza anunció que el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio está elaborando un proyecto de ley en el que se propone disminuir el número de requerimientos de ocupación necesarios para proceder a la expropiación de la vivienda (actualmente son necesarios tres) y se plantea la posibilidad de expropiar a aquellos adjudicatarios que mantengan una vivienda protegida desocupada por un largo período de tiempo.

Concretamente, el proyecto de ley recoge como causas justificativas de expropiación la desatención de un requerimiento o que el inmueble no sea destinado a domicilio habitual y permanente durante un plazo superior a un año, sin la obtención previa de la preceptiva autorización administrativa de desocupación.

El Ejecutivo foral ha inspeccionado este año un total de 970 viviendas protegidas, con un resultado de 24 adjudicatarios expedientados por tener su inmueble desocupado. De ellos, 18 han sido ya sancionados con multas que, en el caso de las viviendas situadas en Pamplona y su comarca, rondan los 4.500 euros. Además, otros 13 casos han sido remitidos a la Policía Foral para que inspeccione sus viviendas, ya que el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio duda de su ocupación. En total, se está comprobando la posible apertura de 41 expedientes sancionadores.

Las inspecciones en este ámbito comenzaron a finales de 2002. Desde entonces, el número de controles ha ido aumentando, de manera significativa este 2008, dado que casi de ha duplicado con respecto al año pasado. En 2002, se efectuaron 200 controles con el resultado de un adjudicatario sancionado; en 2003, 229 inspecciones y 21 sanciones; en 2004, 517 controles y 45 multas; en 2005, 505 inspecciones y 48 sanciones; en 2006, 600 controles y 33 multas; y en 2007, 502 inspecciones y 35 sanciones.

OTRAS INSPECCIONES

Además de los controles para comprobar el uso y destino de las viviendas protegidas, el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio también realizará inspecciones en otros tres ámbitos: la promoción y la edificación de viviendas, tanto libres, como protegidas y acogidas a rehabilitación protegida; la adjudicación de vivienda protegida; y la transmisión y cesión de vivienda protegida.

En cuanto a la promoción y la edificación de viviendas, los controles tienen como fin asegurar que las casas y los edificios cumplen con la normativa foral sobre condiciones de habitabilidad y de accesibilidad y con la normativa básica estatal sobre edificación. En este campo, se controlarán el cien por cien de los proyectos y se comprobará que las obras se han ejecutado conforme al proyecto mediante verificaciones documentales y la inspección del 50 por ciento de las viviendas libres terminadas y el cien por cien de las viviendas protegidas o acogidas a rehabilitación protegida.

Con respecto a la adjudicación de vivienda protegida, el objetivo marcado es garantizar, por un lado, que todas las viviendas protegidas se adjudican previa convocatoria pública y estricta aplicación del baremo legal y, por otro, que los futuros adjudicatarios de vivienda cumplen con los requisitos legales para acceder a ella y a la subvención correspondiente.

Para ello, en colaboración con el Departamento de Economía y Hacienda, se verificará que los adjudicatarios cumplen con los requisitos mínimos de acceso en relación a sus ingresos, patrimonio y empadronamiento, y que la puntuación otorgada es la correcta. En este ámbito se controlará el cien por cien de las adjudicaciones de vivienda.

Por último, en relación a la transmisión y cesión de vivienda protegida, el plan tiene como fin garantizar que la vivienda protegida tenga como destinatario una persona que cumpla con los requisitos de acceso a las viviendas protegidas establecidas; controlar la prohibición de percibir cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponde satisfacer al comprador de vivienda sujeta a cualquier régimen de protección pública, y controlar la prohibición de percibir cualquier sobreprecio por el alquiler de vivienda protegida. En este caso se controlará el cien por cien de las transmisiones o cesiones comunicadas al Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.