PAMPLONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria (SNaMFAP), en relación a la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 que incluye la retirada de asistencia al inmigrante sin permiso de residencia, ha animado a los médicos a "emprender acciones legales a título individual, entre ellas la objeción de conciencia", para oponerse a una norma que consideran "vulnera gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia".
Según la SNaMFAP, que agrupa en Navarra a 350 médicos de familia, "la medida pone a los médicos de familia en una situación difícil, al no poder dejar de atender a personas que han sido pacientes, ya que ello vulnera el código deontológico médico y las normas médicas internacionales, en el sentido de no poder dar continuidad a la atención".
La iniciativa, ha informado la SNaMFAP, forma parte una campaña nacional impulsada por todas las sociedades federadas en la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) que aglutina a 20.000 médicos de familia, siendo la más representativa de Atención Primaria.
Por ello y con la intención de cambiar la norma, la semFYC, tras aprobarlo en la Asamblea de compromisarios, pone a disposición de los médicos de familia "la posibilidad de objetar a esta medida, por atentar contra la ética profesional, a través de un formulario online cuya información enviará a los Colegios Médicos Provinciales y a la OMC, así como a los Servicios de Salud que acaten el RD".
"¿QUÉ ES URGENTE?"
Por otro lado, la SNaMFAP ha señalado que en el Real Decreto se limita la atención sanitaria a los casos urgentes, algo que "a su vez lleva a plantearse qué es urgente y qué no". "No tenemos ninguna duda respecto a lo que es una urgencia vital, pero en el resto de los casos el asunto se convierte en algo demasiado subjetivo; al final, la decisión del carácter urgente de la demanda quedará al arbitrio de cada profesional", ha expuesto.
El resultado de esto, ha añadido, "es echar sobre los hombros de los médicos una responsabilidad que no les corresponde: ser jueces sobre quién y hasta dónde un paciente tiene derecho a que se le atienda".
En este sentido, la SNaMFAP ha propuesto que "la limitación al caso urgente se amplíe a una atención sanitaria básica, que debería englobar atención primaria, asistencia preventiva, medidas de salud pública, asistencia urgente, servicios especiales para las personas con discapacidad y acceso a la medicación básica".
"Si se hiciera como proponemos, obtendríamos unos beneficios inmediatos: se conseguirían más garantías de protección para el resto de la sociedad en relación a procesos infecciosos; se evitarían colapsos en los servicios de urgencia; y se disminuiría el gasto mayor que supone derivar a los dispositivos urgentes, que son más caros que la atención primaria o la prevención", ha concluido.