PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra valorará, en su sesión de este lunes, sendas peticiones de comparecencia de UPN y PPN, para que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, se posicione respecto a la propuesta de EH Bildu para la creación de una República Confederal de Euskal Herria.
Los 'populares' han registrado, además, una moción por la que instan al Ejecutivo foral a rechazar "cualquier declaración que busque que Navarra deje de ser una Comunidad foral diferenciada dentro de España".
Se planteará igualmente que Barkos comparezca para explicar la Orden Foral 35E/2017 por la que se autoriza un gasto de 30.000 euros para la realización de investigaciones y recopilaciones documentales acerca de hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en Navarra.
Los portavoces parlamentarios conocerán, también, el criterio del Gobierno de Navarra respecto a la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 9/2010, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, que propone la creación de una unidad didáctica en los colegios sobre el terrorismo en España.
El ámbito de comparecencias contempla también la de la consejera de Educación, María Solana, para que explique la convocatoria de becas para el curso 2017-18, así como "la falta de docentes" en los centros de FP y la contratación de docentes sin Máster Pedagógico. También se estudiará que la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, valore "el alcance de la advertencia de ilegalidad" y su "manipulación" respecto al dictamen del Consejo de Navarra sobre el proyecto de Decreto Foral que regula el uso del euskera en la Administración. Finalmente, el propio Fiscal Superior de Navarra ha pedido comparecer para presentar la Memoria anual correspondiente al año 2016.
Por otro lado, se valorará la tramitación de varias mociones, entre ellas una de UPN que insta al Ejecutivo foral a poner las medidas oportunas para que los jubilados y pensionistas venezolanos residentes en Navarra, que no cobran las pensiones de su país, puedan acceder a los servicios y sistemas autonómicos de ayudas sociales y al salario social básico. EH Bildu por su parte ha registrado una iniciativa que pide al Departamento de Educación que la OPE docente "garantice la selección del profesorado más cualificado".
Asimismo, UPN ha presentado otra moción que insta al Gobierno de Navarra a reconocer que "sus acciones y declaraciones" en relación a la capacidad de docentes y resultados académicos de los alumnos de los centros educativos públicos que tienen implantado el Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) "no han sido acertadas". En esta línea, el PSN ha presentado una pregunta parlamentaria sobre los motivos del Ejecutivo foral para no haber hecho públicos los resultados de la evaluación del PAI del curso pasado.
Se abordarán otras cuestiones relacionadas con la "eliminación" de la zonificación lingüística contemplada en la Ley del Vascuence, con la "aportación puntual de agua" de los embalses de Itoiz y Alloz "para socorrer la sequía del Ebro", y sobre la implantación de un protocolo por parte del Instituto Navarro para la Igualdad para la prevención de la Mutilación Genital Femenina en Navarra.
El orden del día contempla, por otro lado, la realización de sesiones de trabajo con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para que exponga sus objetivos y actividades; con la Plataforma Vecinal Pío XII, para que explique la problemática surgida con el reordenamiento del tráfico; y con el sindicato LAB para que informe sobre la situación del perfil del profesorado, las garantías para establecer nuevos ciclos y la planificación de futuro de la Formación Profesional.
A la Mesa y Junta se ha remitido, además, el informe de actividad como senadora autonómica de Navarra durante las legislaturas X, XI y XII hasta la actualidad, presentada por Idoia Villanueva.
Finalmente, los representantes políticos votarán una propuesta de declaración institucional de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra por la que el Parlamento foral se compromete a revisar y actualizar el Pacto Navarro Contra la Pobreza.
