Navarra celebra que el Ministerio "atienda las razones medioambientales" por las que se opone al proyecto de Forestalia

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha celebrado que el Ministerio para la Transición Ecológica y reto Demográfico (MITERD) haya solicitado una auditoría interna sobre los proyectos tramitados a Forestalia y que "atienda las razones medioambientales que llevaron al Gobierno de Navarra a oponerse al macro proyecto de esta empresa aragonesa".

Según recuerda en un comunicado, el Gobierno de Navarra, "ya en los años 2020 y 2021, emitió sendos informes desfavorables al proyecto y, al no ser tenidos en cuenta, en abril de 2024 acordó interponer un recurso judicial ante el contencioso-administrativo contra determinadas resoluciones de la Administración General del Estado por las que se formulaban declaraciones de impacto ambiental favorables y se otorgaban autorizaciones administrativas previas para que el grupo privado Forestalia pudiera desplegar cuatro líneas de alta tensión, de 400 kilovoltios cada una, para evacuar energía procedente de Aragón y trasladarla hasta la Comunidad Autónoma Vasca, atravesando el territorio de la Comunidad foral".

En concreto, el Ejecutivo foral recurrió las autorizaciones administrativas previas otorgadas al Grupo Forestalia para realizar varias instalaciones de producción de energía eléctrica e infraestructuras de evacuación asociadas al denominado 'Proyecto Mistral-Esfinge'.

Previamente, en febrero de 2024, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ya emitió un informe exponiendo sus discrepancias con respecto a estas resoluciones favorables del MITERD por considerar que "no habían tenido en cuenta sus informes, que eran desfavorables al proyecto por considerarlo incompatible con los valores ambientales, paisajísticos, sociales y culturales del territorio a su paso por la Comunidad foral".

El Gobierno navarro recurrió diversas resoluciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por las que se formulaban declaraciones de impacto ambiental de parques eólicos y solares fotovoltaicos, proyectados mayoritariamente en la provincia de Zaragoza, así como de sus infraestructuras de evacuación, que atravesarían entre otros territorios la Comunidad Foral de Navarra, con arreglo a las disposiciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Planteó también recurso ante las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las que se otorgaban a las promotoras las autorizaciones administrativas previas, conforme a los establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

Actualmente, este recurso ante el contencioso administrativo sigue su curso en vía judicial.

DISCREPANCIAS "DE FORMA Y FONDO"

Las discrepancias se fundamentaron en primer lugar en cuestiones de forma, relativas al procedimiento seguido por la Administración General del Estado, "con una fragmentación que impidió a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra una adecuada comprensión y valoración global de la magnitud real y definitiva del proyecto y su repercusión medioambiental".

En segundo lugar, se fundamentaron en cuestiones de fondo, ya que los proyectos analizados "tendrían previsibles consecuencias adversas significativas sobre el medio ambiente, en concreto sobre especies catalogadas, objetivos de conservación de espacios protegidos Red Natura 2000 y sobre conectividad y coherencia ecológica de la Red Natura 2000".

En sesión del Gobierno de Navarra de 20 de febrero de 2024 ya se acordó interponer un requerimiento previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa por esta cuestión, presentado el 29 de febrero ante la Dirección General de Política Energética y Minas del MITERD, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

Transcurrido el plazo de un mes para resolver el citado requerimiento previo sin haber recibido respuesta, el mismo se entiende desestimado por silencio administrativo, ante lo que la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra solicitó recurrir a la vía contencioso-administrativa, medida que fue aceptada en la sesión del Ejecutivo Foral del 17 de abril de 2024.