El Parlamento foral aprueba modificar la ley para facilitar la toma de posesión de secretarios e interventores

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la modificación de la Ley Foral 16/2022, de 30 de mayo, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de la Comunidad foral de Navarra.

La iniciativa, que necesitaba de mayoría absoluta, ha conseguido el respaldo del PSN, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin, Grupo Mixto (Vox) y la parlamentaria no adscrita, mientras que UPN y EH Bildu se han abstenido.

La iniciativa, impulsada por el PPN, tiene por objeto suprimir el apartado 2 del artículo 8 de la Ley Foral 16/2022, por el que se contempla que "quienes resulten adjudicatarios de los concursos extraordinarios de méritos contemplados en el artículo 1 tomarán posesión en los puestos para los que hubiesen sido nombrados en la misma fecha que quienes obtengan habilitación foral como consecuencia de los procesos selectivos contemplados en los artículos 3 a 7 anteriores".

Una toma de posesión conjunta que se ha visto paralizada debido a la cuestión de inconstitucionalidad, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y aceptada por el Tribunal Constitucional, contra los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022, que regula el proceso excepcional de acceso a la Función Pública por concurso de méritos (145 plazas, 122 de Secretario y 23 de Intervención).

A ese respecto, se prevé la constitución de una lista de aspirantes a la contratación temporal, de carácter subsidiario respecto a las derivadas de las convocatorias en turno libre y del proceso de estabilización (ambas por concurso-oposición: 37 plazas, 31 de Secretaría y 6 de Intervención), integrada por aspirantes con propuestas de nombramiento y habilitación que dimanen del proceso excepcional del concurso de méritos. La finalidad no es otra que "paliar transitoriamente" las necesidades de Secretaría e Intervención de las entidades locales.

Por otro lado, han sido rechazadas cuatro enmiendas presentadas por EH Bildu, que no ha recabado el apoyo de ningún otro partido, entre ellas una de supresión del artículo único. La coalición defendía incluir a todo el personal contratado administrativo, también al que cese a consecuencia de las tomas de posesión derivadas del proceso de traslados y del turno libre por concurso oposición, entre los beneficiarios de la compensación económica que la Ley Foral 16/2022 prevé para los que resulten depuestos a consecuencia de los procesos selectivos de estabilización de puestos reservados a funcionarios con habilitación.

Por parte de UPN, Yolanda Ibáñez ha justificado la abstención de su partido en que con esta proposición "no solucionamos los problemas de todos los afectados". Ha responsabilizado al Gobierno foral de esta situación por presentar la Ley Foral 16/2022 como proposición de ley en vez de proyecto de ley "esquivando así todos los trámites e informes jurídicos". Ha defendido que las personas que han aprobado un examen "tienen derecho a tomar posesión" de su plaza y, como empleados públicos, es el Gobierno "quien tiene la obligación de dar respuesta". No obstante, también ha considerado que "no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido". Una iniciativa que "no cuenta" con secretarios e interventores, ha criticado la regionalista.

El socialista Javier Lecumberri ha puesto en valor una ley "que en su momento aprobamos" con la oposición de Navarra Suma que perseguía "estabilizar unas plantillas muy necesarias y que realizan una labor fundamental en las entidades locales" así como a unos trabajadores que "llevaban 45 años con las plazas congeladas y con una temporalidad por encima del 90%". Una ley, ha recordado, que "por una cuestión de eficacia", vinculaba la toma de posesión de los cuatro procesos que regulaba. No obstante, debido al recurso admitido por el Constitucional que ha suspendido el proceso de méritos "el conjunto de toma de posesión ha quedado muy comprometida". Una "situación compleja que nos lleva o a esperar a que resuelva el Constitucional" o, "sin cambiar las reglas del juego que siguen siendo las mismas, cambiar la toma de posesión vinculada" debido a una "situación sobrevenida".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha defendido las enmiendas presentadas por su formación que servían para "dar la vuelta" a la proposición planteada por el PPN, daban una "alternativa más amplia" que la planteada por el PSN y buscaban "conjugar todos los intereses de todos los procesos sin cambiar una parte sustancial" de la ley como es la toma de posesión simultánea. Ha advertido de que "vamos a ampliar el galimatías jurídico que ya existe en torno a este tema" y ha asegurado que se producirán "nuevos recursos". Araiz ha explicado que esta vinculación se aprobó para que no se diera "un baile de sillas, hoy tomo posesión en esta plaza, el otro se va a la otra", y ha asegurado que "las mismas razones que existían entonces siguen existiendo ahora, a pesar de la situación en la que nos encontramos". Igualmente, ha destacado que, en su momento, "nadie cuestionó esa toma de posesión conjunta".

El representante de Geroa Bai Pablo Azcona ha defendido que esta ley "no tiene que ver con un bando u otro sino que hay que tomar una decisión" sobre "si seguimos adelante con tres de los cuatro procedimientos que aprobó la ley o seguimos paralizando el conjunto de los procedimientos" a la espera de qué decida el Constitucional. Y se ha mostrado a favor de "desligar" estos procedimientos para facilitar la toma de posesión. Azcona ha llamado a "no perder de vista los objetivos de la ley original" para "avanzar en la estabilización de los puestos de Secretaría e Intervención" y "afrontar los procedimientos pendientes desde hace más de 40 años" que "no tiene nada que ver con las exigencias de Europa para la estabilización".

La portavoz del PPN, Irene Royo, ha reivindicado que el proceso de secretarios e interventores "no puede seguir paralizado". Ha negado que sea una "ley ad hoc" y ha afirmado que "la ley está redactada con buena voluntad, pero tiene deficiencias porque no atiende a toda la casuística y no dice expresamente cómo se debería actuar los del resto de procesos" en el caso de que uno este suspendido. "Ahora no existe ninguna razón y menos amparada en la eficacia administrativa" para mantener la vinculación en la toma de posesión de todos los procesos, "porque de mantenerse" sería "inconstitucional". "Impediría no sólo el acceso al empleo público a ciudadanos que han aprobado una oposición que nada tiene que ver con la convocatoria cuestionada, sino también a funcionarios que llevan desde marzo de 2023 con el concurso de traslados finalizado y sin poder ejercer su legítimo derecho básico a la movilidad", ha defendido.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha señalado que "el origen del problema son 40 años con unos poderes públicos incapaces de garantizar la fijeza de las plazas de secretarios e interventores", provocando una temporalidad "prácticamente total". También en que la Unión Europea "lo impuso como condicionalidad para poder traer los fondos europeos". Ha opinado que se trata de buscar "la menos mala de las alternativas posibles". "Si no desvinculamos los procesos impediremos el acceso a la función pública" a personas que han conseguido plaza dejándolas en "una situación de inseguridad jurídica hasta no se sabe cuándo".

Finalmente, Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha indicado que "aquí no hay una solución salomónica, no se puede satisfacer a todos". Ha criticado que "los perjuicios ocasionados es la mala gestión de las convocatorias del Gobierno de Navarra pero también la desidia de los gobiernos anteriores". "Hay que actuar cuanto antes y la peor postura es no hacer nada y esperar porque acrecentaría el problema", ha advertido, para llamar a "no olvidar a las personas que llevan años de espera e incertidumbre" esperando "su legítima plaza".