Podemos califica de "minería especulativa" el proyecto de Mina Muga y critica que "se ignoren las alertas científicas"

PAMPLONA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán, ha calificado el proyecto de Mina Muga como "minería especulativa" y ha criticado que desde las instituciones se busque financiación pública "para este tipo de pelotazos empresariales" mientras se "ignoran las alertas científicas y sociales".

Así lo afirmó en el marco de la mesa redonda 'Mina Muga. Contaminación y corrupción' que la formación morada celebró el pasado jueves en Civivox Condestable, con la participación de Carmen Tejero, de Alianza Verde; Antonio Aretxabala, doctor en Geología e investigador independiente; Enrique Miranda, de la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa de Bal d'Onsella y la Sierra del Perdón.

Roldán, que moderó el acto, destacó que "doce años después del inicio de Mina Muga no hay mina, no hay empleo estable ni desarrollo local, pero sí un proceso claro de enriquecimiento privado". En este sentido, criticó que "una micro empresa, acogiéndose a una Ley de Minas franquista, logró permisos de investigación que le permitieron pasar de un valor de 3.000 euros a 15 millones sin haber picado una sola piedra, únicamente con futuribles". "Esto no es minería productiva ni transición justa: es minería especulativa", sentenció.

Según recoge Podemos Navarra en una nota de prensa, Roldán reprochó que "desde las instituciones se busque financiación pública para este tipo de proyectos, mientras se ignoran las alertas científicas y sociales. No se entiende que la presidenta de Navarra esté buscando financiación pública para este tipo de pelotazos empresariales, cuando lo que está en juego es el territorio y la confianza en las instituciones". "Cuando hablamos de un proyecto de este calado, con impactos potencialmente irreversibles, no podemos mirar hacia otro lado", defendió.

Por su parte, Antonio Aretxabala defendió la necesidad de "situar el conocimiento científico en el centro de la toma de decisiones públicas, especialmente ante proyectos de alto impacto". "O decrecimiento o empobrecimiento. No hay una tercera vía", afirmó, advirtiendo de que "ignorar los límites físicos y geológicos conduce a un deterioro irreversible del territorio y de las condiciones de vida".

Enrique Miranda aportó el testimonio de los municipios afectados por la antigua mina de potasa del Perdón: "Durante más de 35 años sufrimos hundimientos, grietas en las casas y terrenos inservibles". En este sentido, destacó que en 2013 "fue fundamental la negativa del Ayuntamiento y de los concejos del Perdón para que no se retomaran las prospecciones, algo que sí ocurrió en Sangüesa y en otros municipios de Aragón". A su juicio, "la oposición social ha sido la única barrera real frente a un proyecto que nunca ha tenido en cuenta el bienestar del territorio".

Desde Alianza Verde, Carmen Tejero incidió en la importancia de "preservar la independencia técnica de las evaluaciones ambientales y de proteger a quienes trabajan en la administración pública". "Los informes ambientales no pueden adaptarse a los intereses de las empresas; deben responder a la realidad geológica, climática y social del territorio", defendió. Advirtió de que "cuando se presiona para rebajar exigencias técnicas o para maquillar impactos, lo que se pone en riesgo no es solo el medio ambiente, sino la credibilidad de las instituciones". En este sentido, reivindicó que "los funcionarios y funcionarias que hacen su trabajo con rigor necesitan respaldo político y social, no verse cuestionados o apartados por cumplir con criterios técnicos".