Actualizado 07/06/2008 02:00

Antonio Casado.- Casas baja de la picota

MADRID 7 Jun. (OTR/PRESS) -

El Tribunal Supremo ya nos ha dicho que no había nada delictivo en cierta charla telefónica de la presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas, con la mujer que, a instancias de una amiga común, le pidió orientación y consejo como víctima de violencia doméstica. También nos dice que la presidenta no comprometió su imparcialidad ni provocó interferencia entre intereses públicos y privados.

Que Casas se prestase a esa conversación y dijera lo que dijo "se ajusta sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos", dice el auto de la sala de admisión del Tribunal Supremo en el que sus cinco magistrados deciden por unanimidad archivar el informe remitido por una jueza de Valdemoro en relación con una escucha telefónica grababa por la Guardia Civil en el contexto de una investigación por asesinato de la interlocutora de la presidenta.

Resultó que esa señora estaba implicada en el asesinato de su marido, con el que había disputado por la custodia de su hija. Aunque eso no lo sabía Casas cuando habló con ella, tal circunstancia ha servido para calentar el culebrón en la Prensa. La última vez, este viernes, cuando "El Mundo" titulaba en grandes caracteres: "La presunta asesina recurrió ante el TC tras oír el consejo de Casas". El día anterior, el diario "El País", también en portada, se refería al "supuesto asesoramiento ilegal" (de la presidenta del alto Tribunal) "a una mujer involucrada en el asesinato de su marido". Esa malintencionada relación de circunstancias deja en el lector la impresión de que la presidenta del Tribunal Constitucional es confidente de una presunta asesina. Y ese morboso elemento ha estado presente en la deriva informativa de un asunto presentado al principio como supuesto de recusación a la presidenta en debates del Tribunal sobre violencia doméstica y centrado al final en presunto "asesoramiento ilegal".

"No todo consejo emanado de una autoridad judicial puede reputarse delictivo", dicen los magistrados del Supremo para desactivar una carga reprobatoria muy forzada. Es de sentido común que Maria Emilia Casas, como cualquier otro ciudadano, puede darle el tono que le venga en gana a una conversación privada, incluida la sugerencia o consejo sobre cuestiones legales, deportivas, políticas o meteorológicas.

Si se trataba de acreditar el desprestigio del Tribunal Constitucional, por su obscena politización, por su cruce de recusaciones entre el bando "conservador" y el bando "progresista", con el "Estatut" al fondo, pues nos podemos poner a la cola. Pero para eso no hacía falta este burdo intento de poner en la picota la cabeza de Maria Emilia Casas.

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