Antonio Casado.- El cerco a Duran.

MADRID 12 Ene. (OTR/PRESS) -

Sin conocer los términos de la sentencia de conformidad que cancela la causa por el caso Pallerols, referido a un supuesto de financiación ilegal de UDC (Unió Democrática de Cataluña), su líder, Josep Antoni Duran i Lleida, ha quedado a los pies de los caballos. En ámbitos propios y ajenos se oyen sonoros rasgados de vestiduras por lo que está tardando en dimitir después de que su partido pidiera perdón y asumiera la culpa, al menos como responsable civil subsidiario.

De entrada, ya les gustaría a los ciudadanos españoles que en todos los casos penales que afectan a distintos partidos políticos, sus respectivos líderes pidieran perdón, asumieran la culpa y estuvieran dispuestos a devolver lo robado. Es lo que ha hecho Durán, aunque los tres condenados ya fueron excluidos en su día de la formación democristiana coaligada con Convergencia Democrática de Cataluña.

Más allá de las formalidades de esta causa penal, es evidente que Unió estaba afectada por la malversación de los dineros públicos destinados a las llamadas políticas activas (formación profesional) que en parte acababan financiando al partido en los años noventa. De hecho han acabado condenados por financiación ilegal (se supone, pero aún no conocemos la sentencia de conformidad) tres de sus dirigentes. Y todo eso es reprobable. Tan reprobable como que, al tiempo de advertir que no piensa presentar la dimisión, el mismo Durán i Lleida diga que en su día ya se asumieron todas las responsabilidades políticas y se resista a dar más explicaciones.

Lo que no me parece justo es valorar las consecuencias del caso fuera de contexto. El contexto lo marca un dato desalentador: el número de políticos implicados en casos de corrupción es superior a los doscientos. Son jefes políticos o tienen jefe político, según la escala. No veo que se pidan dimisiones con el mismo entusiasmo que se pide la de Durán. Y éste no es caso único de político que por acción o por omisión haya consentido el desvío de dineros públicos hacia la caja de un partido o hacia bolsillos particulares. Ni tampoco puede decirse que sea más grave la financiación ilegal que la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias.

¿O es que el elemento diferencial que justifica el rasgado de vestiduras es reconocerse culpable ante la acusación del fiscal? Eso parece. La sentencia de conformidad es la excusa del desaforado cerco sobre Durán i Lleida para que presente inmediatamente su dimisión. Sin embargo, no hace falta una sentencia, de conformidad o no, para saber que el dinero público destinado a suavizar los efectos de los EREs en Andalucía iba a parar a los amigos, los militantes del PSOE o el vecino del bloque. Y tampoco necesitamos ninguna sentencia para saber cómo se adjudicaban a dedo ciertos contratos de la Comunidad de Madrid a las empresas de la trama Gürtel. Por ejemplo.