Antonio Casado.- El debate, a debate

MADRID 21 Feb. (OTR/PRESS) -

Especular con un derecho de los ciudadanos es una fuente de males. Aplíquese a lo ocurrido con los anunciados debates televisados entre el aspirante y el titular del poder ante las próximas elecciones generales. Porque malo es el desmarque de nuestras dos grandes cadenas privadas de la televisión privada en la difusión de un acontecimiento político de primer orden.

Así es. Ni Antena 3 ni Telecinco difundirán en directo los debates que, moderados por dos excelentes profesionales como Manuel Campo Vidal y Olga Viza, se celebrarán el lunes 25 de febrero y el lunes 3 de marzo respectivamente. Con cierta lógica, las dos cadenas mencionadas se han negado a ser convidadas de piedra en la organización de un acontecimiento para el que ambas están muy bien dotadas en medios materiales y humanos. La puesta en pie de un proyecto de esta naturaleza, al menos desde el punto de vista profesional y técnico, cae de lleno en el ámbito de unas competencias sobradamente acreditadas por Telecinco y Antena 3. En este caso, las de la información en general y la información política en particular, amén de las relacionadas con la producción de programas, la realización, la disponibilidad de aparatos y el uso de unas instalaciones muy especiales.

Sin embargo, no se ha contado con ninguna de las dos cadenas para la materialización de los debates. Tele 5 rechazó desde el principio la fórmula pactada a tres bandas por la Academia de Televisión con los dos grandes partidos políticos (PSOE y PP), pero ha sido más bien parca en sus explicaciones. Antena-3, en cambio, que estuvo ofreciendo su disponibilidad hasta última hora, se retrata en un extenso comunicado en el que razona su postura y, de cara al futuro, se declara "favorable al establecimiento de un modelo fijo de debates televisados, que debería ser futuro del consenso de partidos y televisiones" sobre criterios estrictamente profesionales.

Ese es el nudo de la cuestión: remitir a la regulación legal un derecho de los ciudadanos y un deber de los candidatos a la gobernación del país. Con ese derecho no pueden especular los partidos políticos, las cadenas de televisión, los entes corporativos ni nadie. No deben, por ser precisos. Pero mientras ese derecho no se regule por ley, mientras estos debates no se institucionalicen, para hacerlos previsibles y obligatorios, mediante reglas previamente pactadas y luego plasmadas en la correspondiente norma legal, lo más fácil es que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. Mala noticia para todo el mundo, aunque la demanda esencial del ciudadano haya quedado cubierta con una señal disponible para todos los medios de radio, televisión e internet que lo deseen.

Antonio Casado.