Antonio Casado.- Ibarretxe va de consulta

MADRID 29 May. (OTR/PRESS) -

El problema identitario, ese "conflicto político" que, según los nacionalistas, gravita sobre el País Vasco como gran asignatura pendiente de la política española, no figura entre las diez primeras preocupaciones de vascos y vascas. Sin embargo es la primera, recurrente, obsesiva, reiterada, preocupación del lehendakari Ibarretxe.

Levantar acta del grave desajuste entre gobernante y gobernados ya nos pone en la pista de la absurda aventura soberanista en la que ha vuelto a embarcarse el personaje. Ahora va de consulta. No al psiquiatra, que estaría más indicada, sino a la ciudadanía vasca a modo de referéndum de doble uso: el ético, en cara A, con pregunta sobre Eta, y el democrático, en cara B, con pregunta sobre el "derecho a decidir" so pretexto de "normalización". Quede así reflejado de algún modo la última ensoñación del lehendakari. La que acaba de fraguarse en una reunión del tambaleante gobierno "tripartito", convocado este miércoles con carácter extraordinario, en el que se dio luz verde a un proyecto de ley que el Parlamento de Vitoria debatirá y votará el 27 de junio. Contempla la celebración de un referéndum, denominado "consulta" en un estéril intento de darle apariencia legal, fijado para el próximo 25 de octubre. Su objetivo es abrir un "proceso de solución", respecto al "conflicto político" mencionado al principio de este artículo, se supone.

Da pereza invocar una vez más el principio de legalidad, pero vuelve a ser necesario. Dice la Ley de Referéndum: "La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado". Y, casi a renglón seguido: "Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente". Sin comentarios. Por otra parte, se impone una alusión a unas recientes declaraciones del líder de los socialistas vascos, Patxi López, en Madrid, donde invocó el "derecho a decidir" de donostiarras, vitorianos y residentes en otras siete de las diez ciudades más pobladas del País Vasco, todas ellas gobernadas por socialistas. Pues bien, su máximo dirigente regional anticipó que al menos en esas ciudades no se celebrará de ninguna manera ese referéndum "¿Qué junta electoral va a obligar a nuestros alcaldes a abrir las mesas de votación?", se preguntó.

El mal traído marco "legal" de ese referéndum es el Estatuto de Autonomía. Es decir, una ley del Estado. Y, como tal, subordinada a la Constitución Española. No hace falta ser más explícito.

Antonio Casado.