MADRID 24 Jul. (OTR/PRESS) -
El pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ante las juventudes de su partido, se vio en la necesidad de recordar algo tan obvio como que las decisiones de la soberanía nacional, democráticamente institucionalizadas, no se toman en función de consideraciones religiosas.
Era un recado a los obispos españoles, que están en plena campaña contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En realidad las palabras de Zapatero eran un atajo verbal para concluir en que se aplicará la ley. La conclusión es una obviedad -obviedad civil, no religiosa, vale- pero el debate lo reclama, a la vista de las tonterías que estamos escuchando sobre objeciones de conciencia y despropósitos varios contra el carácter obligatorio y evaluable de dicha asignatura.
La última tontería nos salía al paso desde la primera página de "El Mundo" de este lunes. En una información que recogía el discurso de Zapatero ante las Juventudes Socialistas, se decía que, al tocar este tema, "torció el gesto y anunció desafiante": "Se va a aplicar lo aprobado por el Parlamento". Sin comentarios. Ahora resulta que aplicar las leyes es una especie de desafío a quienes no están de acuerdo con ellas.
Más le valiera a los obispos -y no sólo a los obispos, por lo que se ve-, educarse en la Ciudadanía para entender que aunque las raíces conceptuales son distintas -recuérdese lo de Dios y el César-, los valores religiosos y los valores civiles son perfectamente compatibles. No tienen por qué estar reñidos, por mucho que el Estado y la Iglesia distingan sus respectivas esferas de actuación.
Tenemos dos ejemplos de la más viva actualidad. Uno, en el estricto ámbito de actuación de la Iglesia Católica. Otro, en el estricto ámbito de actuación del Estado. Por un lado, la ceremonia de beatificación de 498 'mártires' de la guerra civil española, que está prevista en Roma para finales de octubre. Por otro, la también controvertida Ley de Memoria Histórica, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
En los dos casos se tata de honrar a sus respectivos muertos. El sacrificio en defensa de unas ideas. Religiosas en el primer caso: la fe católica. Civiles, en el segundo: la libertad y la democracia. Absolutamente respetables las unas y las otras y absolutamente respetable el respectivo reconocimiento a quienes dieron su vida por ellas.
El portavoz del Episcopado, padre Martínez Camino, ha negado que el proceso de beatificación tenga propósitos de revisionismo histórico. Nada que objetar. Pero nada que objetar tampoco si los poderes civiles quieren reivindicar el generoso sacrificio de los miles de españoles asesinados por sus ideas en el bando derrotado de nuestra Guerra Civil, pues el victorioso quedó sobradamente reconocido a lo largo de cuarenta año.
Son cosas que se aprenden en la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Antonio Casado.