MADRID 23 May. (OTR/PRESS) -
En un país donde la filtración de documentos oficiales es el pan nuestro de cada día sorprende el gran rasgado de vestiduras de Esperanza Aguirre, aunque se haya producido en plena campaña electoral. Como si fuera la primera vez. Pero así son las cosas. En nombre del principio de seguridad jurídica, el destape de la declaración de la renta de la aspirante a la Alcaldía de Madrid ha provocado sendos editoriales en los dos principales periódicos de tirada nacional. Ambos muy duros contra la violación del secreto fiscal, aunque elogiando la profesionalidad del mensajero. Y la interesada, por su parte, ha denunciado el hecho ante la Fiscalía por un supuesto delito de revelación de secretos.
En ambos casos se apunta al Ministerio de Hacienda como presunto responsable de la filtración. Mejor dicho, como presunto culpable de utilizar políticamente la Agencia Tributaria. Los dos periódicos se remiten a ciertos antecedentes, como las amenazas veladas de usar los datos fiscales contra determinados colectivos profesionales, mientras que Esperanza Aguirre, de forma más o menos explícita, se remonta a las consabidas discrepancias que ha venido sosteniendo el ministro Montoro con la Comunidad de Madrid, en general, y con ella en particular.
A Esperanza Aguirre le asiste la razón legal, no voy a negarlo. Pero tengo serias dudas de que le asista la razón moral después de haber dado tantas clases públicas de transparencia y amor a la verdad. Y no parece ir sobrada de motivos para hacerse la víctima quien solo unos días desplegó toda clase de malas artes contra la candidata Manuela Carmena.
Aguirre está jugando el papel de heroína de la seguridad jurídica. Nada de todo por la patria, todo por la transparencia, todo por la honestidad, todo por el bienestar de los madrileños, todo por un país más justo, sin puertas giratorias, sin corrupción, sin clientelismo, sin comisionistas, sin prevaricadores, sin mal uso del dinero público. Nada de eso. De repente, como inesperado mantra en el último tramo de la campaña electoral, todo por la "seguridad jurídica", que es un concepto distinto y distante en las entendederas cotidianas del ciudadano de a pie.
No es eso lo que exalta a los ciudadanos. No me los imagino cambiando su intención de voto porque se ha violado el sagrado secreto fiscal de un contribuyente. Pero sí me los imagino tomando nota de que Esperanza Aguirre ganó el año pasado 369.000 euros en una empresa privada dedicada a la caza de talentos. Nada tiene de malo en la mente de un liberal ganar dinero en una empresa privada. "Al que le moleste que se rasque", ha dicho ella ¿Y qué tiene de malo que se sepa si se trata de un personaje público, popular y populista?
Ya, el problema es la seguridad jurídica. Vale. Pero me temo que a los volantes eso les moviliza mucho menos que el desigual trato que la vida nos da a unos y otros. Y esa vía de pensamiento lleva a conclusiones francamente perturbadoras para quienes comparten el ideario de Esperanza Aguirre.