Cayetano González.- Hacer cumplir la ley.

MADRID 12 Abr. (OTR/PRESS) -

El Ministerio del Interior ha anunciado que se han cursado ordenes a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en toda España para que la policía establezca un cordón de seguridad en torno a las viviendas particulares de aquellos cargos públicos del PP que puedan ser "visitados" por los miembros de la plataforma antidesahucios. De esta forma se pretenden evitar situaciones ciertamente lamentables que se han producido en las últimas semanas cuando esos manifestantes han proferido gritos e insultos en la puerta de los domicilios de cargos públicos populares donde en su interior había niños u otro tipo de familiares.

La duda que de forma inmediata genera esta medida es cuantos policías serían necesarios para establecer esos cordones de seguridad en el supuesto de que la plataforma antidesahucios tuviera la capacidad de convocar concentraciones o manifestaciones simultaneas en toda España, pongamos por caso, delante de los domicilios de todos los diputados del PP en el Congreso, de los senadores, de los parlamentarios autonómicos, de los alcaldes y concejales de ciudades de mas de 10.000 habitantes, lo cual haría que la cifra de personas a proteger fuera muy elevada. No parece factible que todos los policías se dediquen ahora a esta tarea. ¡Que más querrían los cacos y ladrones!, vamos a llamar comunes...

El derecho de manifestación es uno de los que reconoce la Constitución, al igual que el derecho a la libre circulación de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, o el derecho a la intimidad. Para ejercer el derecho de manifestación, la ley establece que los convocantes deben comunicar a la autoridad gubernativa en un plazo tasado por la propia ley, los motivos que les llevan a manifestarse, el lugar, el recorrido y la hora. Por lo que se sabe, la plataforma antidesahucios en ninguna de sus protestas ha solicitado ese permiso. De ahí que lo primero que debería hacer el Ministerio del Interior sería hacer que se cumpla la ley. Si no hay permiso para manifestarse o concentrarse, ese acto es en si mismo ilegal y por tanto susceptible de ser disuelto y sancionar a sus promotores.

Uno de los grandes males de nuestra todavía inmadura democracia es el déficit a la hora de exigir que se cumpla la ley. Y así no hay Estado de Derecho que funcione. En el caso que nos ocupa, los miembros de la plataforma antidesahucios están en su derecho de manifestar su protesta por lo que ellos entienden que es, y lo es, un problema muy grave. Pero lo deben de hacer respetando también otros derechos que asisten a los ciudadanos, en este caso, cargos públicos del partido del gobierno. No hay colisión de derechos si se cumple la ley. Y esa es una tarea que corresponde al gobierno y en última instancia a los tribunales de justicia.