MADRID 25 Jun. (OTR/PRESS) -
El plan para reformar la Administración Pública aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros se ha encontrado, como era de esperar, con la resistencia inicial de las administraciones autonómicas. De momento, sólo han expresado en voz alta esa oposición a las medidas que propone el plan las Autonomías que no están gobernadas por el PP -Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias- pero no hay que tener especiales dotes de adivino para saber que ese plan tampoco habrá gustado mucho en las que si están gobernadas por los populares.
Por lo tanto, la cuestión mollar es saber si el Gobierno de Rajoy va a ir hasta el final en las reformas y ajustes que propone el plan elaborado por un grupo de expertos y que caso de aplicarse en su literalidad supondría un ahorro de unos 37.000 millones de euros de aquí al 2015. Como el propio Presidente del Gobierno, el día de la presentación del plan, reconoció que muchas de las medidas que contiene éste son simples recomendaciones sobre competencias que están en manos de las propias Comunidades Autónomas, esas palabras fueron interpretadas como una especie de ponerse la venda antes de hacerse la herida.
El ciudadano que no tiene por que entender mucho de repartos competenciales entre Administraciones, lo que sí quiere es que en tiempo de crisis, las Instituciones y los cargos públicos se aprieten el cinturón todo lo que sea necesario. Por ejemplo, el ciudadano no acaba de entender muy bien que en casi todas las Comunidades Autónomas tenga que haber un "Defensor del Pueblo" o un Observatorio para el estudio del clima, o un Tribunal de la Competencia o una serie de organismos que ese mismo ciudadano sospecha que en el mejor de los casos son superfluos, y en el peor, que sólo sirven para colocar a los amigos o afiliados del partido que gobierna en esa Autonomía.
El Gobierno de la Nación tiene instrumentos mas que suficientes para hacer cumplir ese plan de reformas a las Comunidades Autónomas, por ejemplo, a través del Fondo de Liquidez Autonómico. De no hacerlo, se daría la razón a todos aquellos que piensan que lo que se ha ido haciendo en estos años con el Estado de las Autonomías es la construcción de un Estado compuesto por diecisiete mini-estados, donde cada uno ha ido a su bola. En definitiva, que España sería ingobernable. Pero insisto que eso no es así. El Gobierno de la Nación es uno y es al que le corresponde la dirección de la política económica de todo el País. Las autonomías son parte del Estado y tienen que arrimar el hombro como el que más. Si no lo hacen, quedará en evidencia su profunda insolidaridad y los ciudadanos tendrán la oportunidad de poner a cada uno en su sitio en las próximas elecciones autonómicas.