Crónica ANV.- El Consejo de Ministros da luz verde al proceso de ilegalización de ANV y PCTV

- De la Vega asegura que el Gobierno no actúa movido por el principio de "oportunidad" sino únicamente guiado por el de "legalidad"

MADRID, 25 Ene. (OTR/PRESS) -

El Gobierno cumplió con el trámite y en su reunión de hoy del Consejo de Ministros dio luz verde a los Servicios Jurídicos del Estado para que interpongan las demandas de ilegalización contra ANV y el PCTV. Con pruebas contundentes "en la mano", según señaló la vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, se inicia así el camino para que ANV y el PCTV no estén en las elecciones del próximo 9 de marzo. Algo que aseguró la propia De la Vega que también respondió a los que acusan al Gobierno de manejar los tiempos para intentar sacar el máximo rédito electoral de las ilegalizaciones. La vicepresidenta defendiendo que el Gobierno nunca, y mucho menos "en temas como estos" actúa movido por el principio de "oportunidad" sino únicamente guiado por el de "legalidad" ya que es ahora y no antes cuando cuentan con "pruebas contundentes".

"Hoy ha quedado acreditado que estos dos partidos políticos y Batasuna son una misma cosa, desde el punto de vista político y desde el punto de vista financiero", proclamó De la Vega en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Y una vez que está "probada con fuerza" la vinculación entre estas formaciones el Consejo de Ministros autorizó a la abogacía del Estado a iniciar el procedimiento de ilegalización.

Una decisión que llega "en tiempo y forma" y se toma "con las pruebas en la mano" para demostrar que "en un Estado de Derecho nada ni nadie puede estar por encima del imperio de la ley". Y, en consecuencia una vez acreditada esta vinculación con la formación ilegal, De la Vega aseguró que ni ANV y el PCTV estarán en la próxima cita electoral. "Hay mecanismos suficientes para impedirlo", aseguró la vicepresidenta que apuntó que los Servicios Jurídicos del Estado y la Abogacía del Estado están listos y autorizados para proceder por tres vías diferentes para no dejar ningún "hueco".

En primer lugar, instar la ilegalización de ambas formaciones, ya sea a través del mecanismo que establece la Ley de Partidos o bien por la vía de ejecución de sentencia. La segunda vía en segundo lugar, podrán "impugnar y por tanto eliminar las candidaturas o agrupaciones de electores" vinculadas a ANV y PCTV que traten de presentarse a las elecciones generales. El tercero de los mecanismos está previos para el caso de que intenten estar en los comicios a través de otras siglas tratando de "resucitar un partido durmiente". En este último caso los Servicios Jurídicos del Estado también están ya autorizados para pedir su ilegalización.

Interrogada sobre los tiempos electorales y sobre si el Gobierno no podía llegar tarde para impedir la presencia de ANV en las generales, De la Vega dijo que "previsiblemente" la Abogacía del Estado, y probablemente también la Fiscalía, presentarán la demanda de ilegalización ante la Sala del 61 del Supremo la semana que viene. A partir de ahí, recordó que el plazo de presentación de candidaturas es desde el 30 de enero hasta el 12 de febrero, fecha en que se proclaman las candidaturas y desde ese día hasta el 21 de febrero, momento en que el Tribunal Constitucional debe haber resuelto todos los recursos, "el servicio jurídico actuará impugnando lo que considere oportuno".

ANTES SOLO HABÍA "INDICIOS"

En cuanto las críticas lanzadas contra el Gobierno que le acusan de "manejar los tiempos" para intentar sacar el máximo rédito electoral de las ilegalizaciones, la vicepresidenta apuntó que hasta ahora, que se ha levantado el secreto de sumario y se han conocido los informes policiales definitivos --en los que tienen un especial peso los datos recabados las las detenciones de octubre en la localidad guipuzcoana de Segura-- solo existían "indicios" más o menos claros de la relación de ANV y el PCTV con Batasuna.

"Hubiera sido muy aventurado actuar solo con indicios", señaló De la Vega que aseguró que es "ahora y no antes" cuanto se tiene algo más, "pruebas contundentes que van a permitir que, conforme a la jurisprudencia del Constitucional se proceda a la ilegalización sin duda algunas". El Gobierno, proclamó, "es garantista y nunca actúa por razones de oportunidad, sino de legalidad".

Y tras alegar los argumentos de su defensa, la vicepresidenta pasó al ataque y cargó contra el PP al que acusó de pasarse toda la legislatura usando el terrorismo como ariete contra el Gobierno. "El principal problema que tenemos es que en esta legislatura el principal partido de la oposición se ha dedicado desde el primer día a partidaria el terrorismo, y seguimos ahí", sentenció.