Crónica Irán.- El Consejo de Seguridad aprueba una cuarta ronda de sanciones contra Irán por su programa nuclear

NUEVA YORK, 10 Jun. (OTR/PRESS) -

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una cuarta ronda de sanciones contra Irán por su programa nuclear con doce votos a favor, la oposición de Turquía y Brasil y la abstención de Líbano. Por su parte, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, consideró que las sanciones deberían tirarse "a la papelera como un pañuelo usado".

Tras cinco meses de discusiones, el nuevo paquete de sanciones recibió el apoyo de las principales potencias, pero salió adelante con menor respaldo que las resoluciones anteriores, adoptadas a partir de 2006.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, declaró tras la votación que el Consejo había cumplido con sus "responsabilidades" e instó a Irán a escoger ahora "el camino más inteligente".

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania defendieron desde el principio duras sanciones que contemplaban castigos directos contra el sector energético iraní, aunque la presión de China y Rusia ha terminado por suavizar algunos aspectos.

La nueva resolución contempla medidas contra los bancos iraníes en el extranjero si se sospecha que están relacionados con los programas de misiles o nuclear de Irán, así como vigilancia sobre cualquier transacción que incluya a una entidad financiera conflictiva, incluido el Banco Central de la República Islámica.

Asimismo, amplía el embargo armamentístico contra Teherán e incluye una 'lista negra' con unas 40 empresas y el nombre del director de las instalaciones donde se procesa el uranio, Javad Rahiqi. El documento recoge, además, una inspección de mercancías similar a la contemplada actualmente para Corea del Norte.

Los embajadores de Brasil y Turquía declararon antes de la votación que no veían motivo para imponer una nueva ronda de sanciones, algo previsible después de la firma el mes pasado de un acuerdo tripartito para el envío de uranio iraní a territorio turco. El objetivo es que Irán reciba combustible para un reactor de investigación médica, aunque la comunidad internacional apenas ha valorado este pacto.

LAS SANCIONES "DEBERÍAN TIRARSE A LA PAPELERA COMO UN PAÑUELO USADO"

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, consideró que el nuevo paquete de sanciones "no tiene valor" y debería tirarse "a la papelera como un pañuelo usado", según informa la agencia oficial ISNA.

"Estas resoluciones no tienen valor. Es como un pañuelo usado que debería arrojarse en la papelera", afirmó ante la prensa al ser preguntado por la cuarta resolución de sanciones impuesta contra Teherán en el Consejo de Seguridad. Ahmadineyad se encuentra de visita en Tayikistán, desde donde realizó estas declaraciones.

El país consideró "equivocadas" las nuevas sanciones en su contra y advirtió de que lo único que harán será complicar la situación. "La resolución fue una medida equivocada (...) no fue un paso constructivo (...) para resolver la cuestión nuclear. Complicará aún más la situación", advirtió el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ramin Mehmanparast, en declaraciones a la cadena estatal en árabe Al Alam, después de la votación celebrada en Nueva York.

Las autoridades iraníes reiteraron su defensa del programa nacional de enriquecimiento de uranio y apostaron por seguir adelante con esta polémica iniciativa que desde Teherán se defiende como pacífica.

El enviado de Teherán ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Ali Asghar Soltanieh, afirmó que tras la votación "nada cambiará". "La República Islámica de Irán continuará con sus actividades de enriquecimiento", afirmó, en declaraciones a la prensa desde Viena poco después de conocer el resultado de las deliberaciones del Consejo.

Por su parte, el parlamentario Alaeddin Boroujerdi anunció que ahora los legisladores revisarán el grado de cooperación con la AIEA como un asunto de "doble urgencia", según informaciones de la agencia de noticias oficial IRNA.

El Parlamento tiene la potestad para obligar al Gobierno a modificar su colaboración con la agencia de la ONU, como ya hizo en el año 2006.