Crónica Jesuitas.- ((Actualiza la anterior con reacción de la hermana de uno de los jesuitas asesinados))

La Audiencia Nacional investigará el asesinato de seis jesuitas en El Salvador hace 20 años

- El juez Velasco abre procedimiento contra 14 militares dle país centroamericano, pero rechaza imputar al ex presidente Cristiani

MADRID, 13 Ene. (OTR/PRESS) -

El juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investigará el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, cometido en El Salvador en 1989, tras admitir a trámite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). El magistrado imputa en este caso a 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en servicio en el momento de los hechos, por los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de las gentes, pero rechaza investigar al entonces presidente Alfredo Cristiani.

La querella fue presentada el pasado 13 de noviembre por la APDHE, que cuenta con el apoyo del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (Estados Unidos). Las asociaciones querellantes basaban su reclamación en que cinco de las víctimas eran españolas y en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón. Los asesinatos, atribuidos a miembros del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, fueron cometidos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana de San Salvador.

La denuncia fue interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, y está dirigada contra cuatro generales, dos coroneles, tres tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados. A estos catorce militares se une en la querella el presidente de El Salvador entre 1989 y 1994, Alfredo Cristiani, acusado por los querellantes de encubrir estos crímenes que precipitaron el final de la guerra civil en El Salvador. Según la APDHE, en 1993 se aprobó una amnistía general que "ha protegido hasta el día de hoy a los responsables, que continúan libres y gozan de cierta influencia política en el país".

En su auto el juez Velasco admite a trámite la querella presentada por la APDHE y abre una investigación penal contra los 14 militares por la posible comisión de un delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes. No obstante, rechaza la petición de investigar la responsabilidad penal de Cristiani Burkard argumentando que no existe "base indiciaria suficiente" para imputarle y que, además, se le atribuye un delito de encubrimiento que no tiene la naturaleza de "persecución universal". Además, pide el testimonio del ex fiscal general Belisario Amadeo Artiga, del juez Ricardo Zamora y los abogados Henry Campos y Sidney Blanco.

PETICIÓN DE TESTIGOS

Estos dos úlitmos fueron los fiscales asignados al caso cuando se enjuició en El Salvador y renunciaron cuando, según la querella, fueron obligados a minimizar el interrogatorio a los militares imputados. Asimismo, libra una comisión rogatoria a las autoridades de este país para que le remitan testimonio completo de la causa penal que se llevó a cabo en el Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador, a fin de conocer los "mecanismos de perdón y de extinción de la responsabilidad criminal" de los que pudieron beneficiarse los "autores intelectuales y/o materiales de los asesinatos".

También se dirige a la Justicia de Estados Unidos para que tome testimonio a William McCollum, miembro de la Delegación que viajó a El Salvador como parte de una comisión del Congreso de Estados Unidos que investigó estos hechos en 1990, y al mayor del Ejército norteamericano Erick Buckland. Al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), el juez Velasco le solicita el original de sus estatutos y su acta de constitución para que pueda personarse como parte acusadora.

En los hechos acontecidos en 1989 fueron asesiandos el rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española; el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país sudamericano.

Tras conocer la decisión judicial, Catalina Montes, hermana de Segundo Montes, uno de los seis sacerdotes jesuitas asesinados, aseguró que siempre es una "buena noticia" que se intente "hacer justicia" para que hechos de similares características no se repitan. Catalina Montes, presidenta de la Fundación Segundo y Santiago Montes, con sede en Valladolid, recordó que pese a que Velasco haya admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) contra 14 miembros del Ejército de El Salvador, los hechos que se investigarán, ocurridos hace 20 años, han pasado "por mil tribunales" de América.

En este sentido, Catalina Montes puso de manifiesto que el asesinato de su hermano y de los otros cinco sacerdotes ha estado, desde el primer momento, en distintos tribunales dado que fueron crímenes "muy complicados" --el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 inicia la investigación penal contra los 14 militares, entre los que se encuentran cuatro generales en el momento de los hechos, por la posible comisión de un delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes--.