- En su nueva providencia el magistrado vuelve a pedir información a la Conferencia Episcopal
MADRID, 25 Sep. (OTR/PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón amplió hoy su petición de información para la elaboración de un censo de muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a diferentes organismos estatales. En esta ampliación el magistrado ha pedido datos sobre los tribunales republicanos creados en Madrid durante la guerra. Además, en su nueva providencia, el titular del juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia vuelve a pedir información a la Conferencia Episcopal, que ya respondió al primer requerimiento de Garzón que no era la institución apropiada para recabar este tipo de datos.
Después de que el director del Archivo General de la Administración contestara a su petición informando al magistrado que los datos que le había reclamado a principios de septiembre se encontraba en fondos documentales de varias instituciones distintas, Garzón ha decidido seguir adelante y ampliar su petición de información a diferentes organismos estatales.
El magistrado pide al Archivo General de la Administración que le aporte datos sobre los fondos judiciales de los tribunales de Justicia Madrid desde 1936 --todos ellos republicanos--, en concreto, al Jurado de Urgencia, el Juzgado Especial de la Rebelión Militar, el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y los Tribunales y Juzgados populares. También extiende su petición a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Madrid, en concreto al Juzgado de Primera Instancia número 2, así como al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). A ellos les pide datos sobre las causas instruidas por hallazgos o levantamiento de cadáveres durante la guerra o la posguerra y les pide que, en caso de no existir estas relaciones de nombres, le indiquen la forma de poder elaborarlas.
Además de ampliar la lista de organismos a los que pide datos, en su nueva providencia Garzón también se dirige a las partes personadas en el proceso a las que pide que, en el plazo de una semana, remitan un listado único que incluya los nombres de las personas desaparecidas y elimine al menos aproximadamente la posibilidad de existencia de identidades repetidas. El juez hace esta petición después de que las asociaciones denunciantes aportaron al juez el pasado lunes un censo con más de 130.000 nombres, una lista en la que reconocieron que existían nombres duplicados o incluso triplicados.
Uno de los ponentes de la llamada Ley de Memoria Histórica, el diputado socialista Juan Antonio Barrio de Penagos calificó de positiva la petición de información sobre los tribunales republicanos, aunque recordó a Garzón que, por parte del bando republicano, "dejó de haber víctimas en 1939", cuando acabó la guerra. "Está bien, de lo que se trata no es de abrir heridas, sino de cerrarlas, y la mal llamada Ley de Memoria Histórica es en realidad una ley de víctimas, de todas las víctimas, sin bando", afirmó.
NUEVA PETICIÓN A LA CEE
Además, Garzón dirige esta nueva providencia de petición de datos no solo a las nuevas instituciones a las que incluye en su búsqueda, sino también a las antiguas y entre ellas vuelve a estar la Conferencia Episcopal Española (CEE). El magistrado cursa un nuevo oficio para que la CEE dé traslado a cada uno de los obispos de las diferentes diócesis españolas para que impartan las órdenes oportunas a cada una de las parroquias y aporten la información que requirió el juez "en aras a la colaboración con la Administración de Justicia". La Conferencia Episcopal contestó a la primer requerimiento de Garzón limitándose a señalar que no era la institución apropiada para recabar este tipo de información.
En su escrito, el juez también exige celeridad al Abad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para que le envíe la información solicitada, Así le insta a que en un "plazo razonable pero urgente, evacue la contestación y proceda al cumplimiento de lo solicitado, expresando, en su caso, las dificultades y forma de subsanarlas con el fin de que este Juzgado o el organismo judicial que corresponda pueda continuar la investigación con base a los datos recabados".